El Gobierno criticó ayer la reacción estudiantil al blindaje legislativo del veto a la ley de Financiamiento Universitario, al advertir que “tomar una universidad es un delito”.
Así lo indicó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa, oportunidad en que expresó su solidaridad con “la mayoría de los estudiantes, docentes y no docentes” que quieren que la entidad educativa esté “funcionando”, sostuvo el funcionario.
“Es un delito tomar una universidad como tomar cualquier edificio”, expresó, a la vez que indicó: “El espacio para discutir los fondos universitarios es el Presupuesto 2025. Ese es el marco”.
En la misma línea, Adorni expreso “solidaridad” con “la mayoría de los estudiantes que quieren ir a investigar, a estudiar, avanzar, y que nos los dejan. También, con los docentes y no docentes que quieren tener una universidad funcionando”.
Al respecto, aseguró que la Justicia deberá analizar si avanza con los potenciales desalojos de los edificios tomados por estudiantes, docentes y no docentes.
Por su parte, acusó a la vieja política de querer que “vuelva el caos” al asegurar que la ley de Financiamiento Universitario afectaba al equilibrio fiscal, y apuntó contra los gremios docentes y no docentes que reclaman por mejoras salariales.
“Pese a la negativa de los gremios, el Gobierno otorgará el 6,8% al personal docente y no docente para el mes de octubre. Es decir, prefirieron rechazar el aumento y habilitar la toma antes que aceptar el aumento y seguir trabajando para mejorar la situación”, anunció.
Además, sostuvo que “es la misma vieja política que se niega a auditar las universidades”, al remarcar que “el 89% de los fondos transferidos entre 2015 y 2022 no fueron rendidos”, indicó.
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