Denuncian a la gestión de Garro por "irregularidades" en emprendimientos inmobiliarios

Una denuncia contra la gestión del ex intendente Julio Garro fue radicada en las últimas horas. Según pudo saber este diario, se lo acusa de  "abuso de autoridad y violación de los deberes de
funcionario público" en el marco de los distintos desarrollos inmobiliarios que fueron autorizados, por los cuales se habla de presuntas ganancias estimadas en mil quinientos millones de dólares.

La presentación la hizo Marina Mongiardino, actual presidenta del Colegio de Abogados de La Plata, en su rol de Secretaria de Justicia Municipal. En el escrito al que accedió EL DIA se indica que se trata de una "denuncia penal contra los funcionarios públicos del Departamento Ejecutivo Municipal de la gestión extendida desde el 10 de diciembre de 2015 al 10 de diciembre de 2023 por los posibles delitos de Abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público (Art. 248 del Código Penal argentino), al cometer una serie de irregularidades gravísimas desobedeciendo la orden expresa del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires de no  autorizar urbanizaciones sin la obligatoria convalidación legal y técnica prescripta por la normativa vigente (cfr. art. 83, Decreto-Ley 8912/77). Normativa no cumplida por el ejecutivo municipal anterior, permitiendo urbanizaciones ilegales sin cumplir con las leyes provinciales, y perjudicando tanto al erario público como a los habitantes de la ciudad".

Asimismo, el documento expresa: "Deberá investigarse la omisión deliberada de los controles necesarios para verificar el cumplimiento de los requisitos legales y la facilitación de dichos desarrollos que podría implicar la  omisión de Incumplimiento de los deberes de funcionario público (Art. 249 del Código Penal argentino), al hacer caso omiso a las reiteradas objeciones efectuadas por la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano Territorial de la Provincia de Buenos Aires". Y agrega que "de forma obligada, y como contrapartida del irracional accionar del Poder Ejecutivo Municipal de la gestión pasada, y presumiendo la existencia de beneficios económicos personales o de terceros por permitir estos desarrollos ilegales, podría también investigarse la posible comisión de delitos de Enriquecimiento ilícito (Art. 268 del Código Penal) o Cohecho (Art. 256 del Código Penal argentino). En este sentido, considerando la existencia de ganancias estimadas en U$D1.500.000.000 (mil quinientos millones de dólares)" por los loteos con servicios en violación de la normativa provincial y desoyendo las reiteradas objeciones del gobierno provincial, se podría presumir la comisión de delitos de corrupción que permitieron el avance desenfrenado de urbanizaciones ilegales en zonas donde no se contemplaba -ni se permitía- la creación de estos".

"Por último, y dado el avance de urbanizaciones ilegales sobre zonas rurales que no amparaban la urbanización -continúa la denuncia-, valga la redundancia, de las mismas entre las cuales podemos encontrar zonas frutihortícolas con la zona más fértil de Latinoamérica, deberá investigarse también la posible comisión Delitos Ambientales, en violación a la ley 12.076, también conocido como Código de Faltas Ambientales – que establece sanciones y multas para aquellos que realicen actividades que perjudiquen el medio ambiente, tales como el vertido de sustancias peligrosas, la tala ilegal de árboles, la contaminación del agua o del aire, y otras conductas que puedan degradar el entorno natural de la provincia-, como así también la violación a la ley 11.723 que es uno de los pilares de la protección del medio ambiente en la Provincia de Buenos Aires, regulando aspectos como la preservación de los recursos naturales, la calidad ambiental y el uso sustentable del territorio".

También sostiene que "justamente a partir de las diversas irregularidades detectadas en la aprobación anormal e inaudita de loteos con servicios que se han plasmado en informes, dictámenes y auditorías que se acompañan a la presente, como así también de las observaciones y objeciones realizadas por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en el marco de los expedientes administrativos, se ha podido constatar la existencia de un plan de gobierno estratégicamente desarrollado y ejecutado para la creación indiscriminada de urbanizaciones ilegales, es decir, por fuera de la normativa vigente, mas precisamente el Decreto Ley 8912/77 y la Ordenanza Municipal 10703/10".

Asimismo, en el escrito judicial aseguran que la presunta maniobra de la que acusan a la gestión de Garro "permitió y promocionó una cantidad desproporcionada de barrios cerrados que bajo un manto de legalidad constituían, sin lugar a dudas, un claro delito de estafa por parte de los desarrolladores al comercializar loteos que no contaban con la aprobación legal correspondiente, pero que aun así eran promocionados con el aval del gobierno local".

Suspensión de obras

En ese marco, y tal como informó EL DIA el pasado 10 de octubre, en medio del conflicto legal que representaba la falta de autorización por parte de la Provincia de urbanizaciones que se desarrollaron durante la gestión municipal anterior, Julio Alak decidió suspender hasta febrero la ejecución de obras de construcción en más de 400 nuevos barrios, muchos de ellos cerrados, de la Ciudad.

La medida fue plasmada en un decreto que el Intendente firmó, afectando, al menos, unos 1.200 expedientes que se habían tramitado para edificaciones en estas nuevas urbanizaciones. Además, cerró el grifo para la presentación de nuevas solicitudes en estos barrios por el mismo período de tiempo: 180 días.

Será hasta que se presente formalmente el proyecto del nuevo Código de Ordenamiento Urbano (COU), que arroje luz sobre las irregularidades en el ordenamiento del suelo de la Ciudad que observó la administración provincial y que hasta ahora mantenían el curso de esos desarrollos en la incertidumbre.

Esa pausa se formalizó con la necesidad de revisar el COU que planteó el nuevo gobierno platense deviene de que estas nuevas urbanizaciones, unos 400 barrios que incluyen también countries y emprendimientos privados, fueron cuestionadas por la autoridad de Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano, pero avaladas en 76 ordenanzas parciales por la Municipalidad, durante la década anterior.

La contradicción del aval municipal y la objeción provincial motivó que estos barrios se expandan sin su habilitación definitiva y en más de uno los propietarios iniciaron construcciones sin tener el trámite definitivo para poder hacerlo. En algunos casos, los aspectos objetados se vinculaban a la falta de indicadores urbanísticos precisos para ese tipo de predio; en otros, lo considerado irregular se vinculaba a la forma en que se habían subdividido los loteos.

Es por eso que Mongiardino presentó hoy la denuncia penal para que se investigue a la gestión de Garro en torno a los emprendimientos.

El nuevo COUT

Como se indicó, en junio pasado el Concejo Deliberante creó un nuevo Consejo de Ordenamiento Urbano Territorial (COUT), integrado por siete especialistas y universidades, que se abocan a analizar hacia dónde y cómo debe crecer la Ciudad.

El dictamen de este consejo asesor no será vinculante pero sentará las bases para la nueva normativa que determine la extensión de la mancha urbana, en función de las zonas inundables y del modo en que los nuevo barrios afectan las necesidades de infraestructura, transporte y servicios en cada zona.

La otra novedad es que el proyecto del nuevo COU, cuyo envío al Concejo Deliberante estaba pensado para diciembre, se presentará en febrero.

SUSPENSIÓN DE AUTORIZACIONES

La disposición que firmó Alak suspendió por 180 días, desde el último 9 de octubre, los procedimientos y los efectos de los actos administrativos dictados en el marco de las ordenanzas que no se encuentran convalidadas por la autoridad provincial competente, de acuerdo a lo dispuesto por la ley provincial.

De igual modo, quedaron suspendidos por el mismo plazo todos los procedimientos administrativos de proyectos de urbanizaciones que se enmarcan en la Ley N° 14.449.

Se estima que la interrupción de las construcciones en estos emprendimientos afecte al menos a unas 1.200 obras que se encontraban en proceso de ejecución. Pero también a aquellas que estaban en vías de solicitar autorización para su inicio.

Según indicaron desde el municipio, de acuerdo a los estudios realizados, los 400 barrios privados tramitados de forma irregular en La Plata “duplican irresponsablemente el espacio urbano y, además, están invadiendo la zona hortícola”. Y subrayaron que esta situación se enmarca en que hoy la zona urbana a de la Ciudad se extiende a 250 kilómetros cuadrados. En esta superficie viven más de 800 mil vecinos, de los cuáles 400 mil carecen de cloacas y 200 mil de agua potable, pavimentación, iluminación y el sistema de transporte es aún deficiente”.

Desde el entorno de Alak explicaron que el decreto está fundado en que “la gestión anterior sancionó y aplicó ordenanzas que modifican el COU sin la indispensable convalidación legal y técnica por parte de los ministerios de Gobierno y Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, tal como establece la Ley N° 8912 de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo de la Provincia. Y subrayaron: “A pesar de que estas ordenanzas no resultaban legalmente aplicables y que –además- la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial advirtió al Municipio en diversas ocasiones sobre la necesidad de someterlas a un análisis integral, el Gobierno municipal de entonces continuó con su aplicación e incluso dejó de solicitar la debida intervención provincial en posteriores Ordenanzas. Esto resultó en una serie de tramitaciones ilegales que hoy tienen diferentes niveles de avance”.