Imputaron al ministro de Transporte bonaerense y ordenaron el levantamiento del secreto bancario

El ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, fue imputado en una causa que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero y corrupción vinculadas a las concesiones de la Verificación Técnica Vehicular (VTV). Además, la Justicia requirió levantar el secreto bancario, fiscal y bursátil del funcionario bonaerense. 

La denuncia radicada en el Juzgado Federal de Zárate-Campana, involucra también a otros funcionarios y empresarios relacionados con la gestión de D’Onofrio.

Como parte de esa decisión judicial, se ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario del funcionario.

La Justicia recopiló información sobre una empresa que brinda servicios tecnológicos a las concesionarias de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), por los que cobra un 8,5% más IVA de cada tarifa.

Se trata de Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA, que preside Sebastián Desio. Se trata de una firma que celebró contratos para brindar “innovaciones tecnológicas para la gestión del servicio” con cuatro concesionarias de la VTV, que tienen a cargo 10 de las 16 áreas de concesión (por 10 años).

Según la causa llevada adelante por el juez federal Adrián González Charbay, la empresa tendría vinculación con el ministro.

Desde el entorno del ministro aseguraron que no existe la medida judicial que trascendió por diversas fuentes. “No existe ninguna imputación, ni procesamiento, menos una imposibilidad de salir del país”, indicaron.

El requerimiento de levantar el secreto bancario de D'Onofrio sucede en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero derivada del caso que investiga un esquema de presuntas coimas con las fotomultas y la VTV.

En la decisión, el juez extendió el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil a otros investigados: Agustina Cuadra (hija de Claudia Pombo), Facundo Asencio (director provincial de la VTV), Roxana Elma Pombo (hermana de Claudia, concejala y funcionaria del ministerio de D’Onofrio), Mario Quattrochi (juez de faltas) y Héctor Marcelo Suárez Basail (medio hermano de Pombo).

Además, se estableció en el fallo de González Charvay, el Banco Central deberá solicitarle información sobre D’Onofrio y los demás investigados a las distintas entidades bancarias, con el objetivo de relevar “si son titulares de cuentas corrientes y/o cajas de ahorro en pesos y moneda extranjera, todo ello correspondiente al período 29 de diciembre de 2021 hasta el día de la fecha inclusive”.

LA OTRA CAUSA

Asimismo, otra causa que tramita en los tribunales de La Plata bajo tutela del fiscal Álvaro Garganta, señala al funcionario como parte de una red de gestores que ofrecían borrar infracciones a cambio de un porcentaje del monto adeudado.

Esa acusación recayó también sobre la ex concejala de Pilar Claudia Pombo, pareja de D’Onofrio, quien habría coordinado la operación, generando pérdidas millonarias a la empresa Secutrans, responsable de las fotomultas en la provincia.

Secutrans denunció que el esquema afectó gravemente la recaudación del sistema de fotomultas en la provincia, generando pérdidas mensuales estimadas en millones de dólares. Estas irregularidades están siendo investigadas en paralelo por Garganta.

Además del ministro de Transporte, otros nombres clave en la investigación son Pombo, ex presidenta del Concejo Deliberante de Pilar, y el juez de faltas Mario Quattrochi. Pombo fue señalada por coordinar la red que ofrecía la eliminación de multas a cambio de sobornos, mientras que Quattrochi es apunta por supuestamente facilitar la cancelación de infracciones desde su posición judicial.

Desde el ministerio de Transporte también rechazan esa denuncia. “Esperamos que la Justicia produzca la prueba con la mayor celeridad posible para que quede bien claro que en la Provincia es imposible borrar multas”, dijo D´Onofrio en las últimas horas.