La vicegobernadora de Neuquén, Gloria Ruiz, fue destituida de su cargo, tras haber sido suspendida por “inhabilidad moral”, en una sesión de la Legislatura local, que aprobó su remoción. Ruiz está acusada por supuestas irregularidades en la administración de fondos públicos.
En ese sentido, la exfuncionaria y su hermano Pablo Ruiz fueron acusados de desviar fondos públicos, a raíz del movimiento de dinero detectado en cuentas del Banco de la Provincia de Neuquén (BPN). El debate en la Legislatura de esa provincia se extendió por más de cinco horas, fue presidido por Zulma Reina, vicepresidenta primera de la Cámara, y culminó con una votación de 30 votos a favor, alcanzando los dos tercios necesarios para la destitución. Ruiz no asistió a la sesión, pero sus abogados presentaron una defensa que no convenció a la mayoría de los legisladores. La votación final selló la destitución de Ruiz, quien había sido suspendida preventivamente el 27 de noviembre.
Según los legisladores, los argumentos de la defensa no lograron justificar las graves irregularidades detectadas, entre las que se incluyeron contrataciones ilícitas, nepotismo y manejo indebido de recursos públicos.
El resultado marca un precedente histórico en la política neuquina, dejando en evidencia la necesidad de mayor transparencia y control en la gestión pública.
UN DEBATE MARCADO POR TENSIONES Y CUESTIONAMIENTOS
El primer orador fue Claudio Domínguez, del Movimiento Popular Neuquino (MPN), enfatizó la amplitud del proceso investigativo, destacando que Ruiz tuvo dos oportunidades para defenderse. Sin embargo, criticó su actitud de “victimización” y su intento de “desviar el foco” de los hechos investigados.
Domínguez subrayó que Ruiz reconoció haber utilizado el nombre de su suegra para justificar la compra de una camioneta Toyota SW4, acción que consideró incompatible con las responsabilidades de su cargo.
Por su parte, el diputado Francisco Lépore, de Avanzar, presentó un informe detallado con diapositivas que expusieron las irregularidades detectadas, incluyendo designaciones irregulares, nepotismo, contrataciones directas con sobreprecios y declaraciones patrimoniales falsas.
Lépore calificó de inadmisible el uso de fondos públicos para fines personales, como gigantografías y campañas publicitarias que promovían la imagen de Ruiz.
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