Alak fue a la Justicia por un presunto “fraude” en los contratos de la Comuna

“Fraude en perjuicio de la administración pública”, “malversación de caudales”, “abuso de autoridad” y “violación de los deberes de funcionario”, son algunos de los delitos que el intendente, Julio Alak, pidió ayer a la justicia que investigue respecto de la anterior gestión municipal.

El jefe comunal concretó formalmente ante la justicia penal la denuncia que viene realizando sobre lo que encontró en el Municipio, tras asumir el 10 de diciembre. Sin nombrarlo directamente, apunta a su antecesor del PRO Julio Garro y a los resultados de la auditoría que puso en marcha durante la transición y que calificó de “escandalosos”.

Ayer, esas presuntas irregularidades en materia de contrataciones de personal tomaron forma de expediente ante la Fiscalía Nº16, a cargo de Juan Cruz Condomí Alcorta. La denunciante que firma el escrito es la subsecretaria de Recursos Humanos de la Municipalidad, Josefina Sannen Mazzucco.

Y solicita al fiscal investigar los posibles delitos de “fraude en perjuicio de la administración pública”, citando los artículos 173 y 174 del Código Penal, que establecen que son delitos que pesan sobre “quien tuviese a cargo el manejo, la administración o cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos, y con el fin de procurar un lucro indebido viole los intereses de los deberes confiados”.

También pide investigar el delito de “malversación de caudales públicos”, fundamentándose en el artículo 260 del mismo Código, por el que pesa sobre “funcionario público que administre caudales con una aplicación diferente a la que estuviesen destinados”.

Del mismo modo, suma los delitos de “abuso de autoridad” y “violación de los deberes de funcionario público”, en base a los artículos 248 y 253.

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Al relatar los hechos, Sannen Mazzucco detalla la contratación de 11 personas detenidas por “homicidio, abuso, robo y uso de armas de guerra” que cobraron sueldos como empleados municipales hasta diciembre pasado.

La funcionaria relata en la declaración que, en función de su auditoría, “habría ilegalidad en la contratación de más de 100 personas con antecedentes penales”.

Y que más de un centenar de personas cobraron sueldos en 2023 sin que se realizaran los correspondientes decretos para formalizar sus relaciones laborales.

Y añadió que “buena parte de los trabajadores ingresados a la planta en el segundo semestre de 2023 no contó con la constitución de sus legajos correspondientes, obligatorio para formalizar el pago de los sueldos.

También explicitó el caso que ya publicó EL DIA, de un empleado que falleció en 2021 pero continuó “cobrando” su salario hasta 2023.

La denuncia se encuentra desde ayer en manos de Condomí Alcorta, que deberá adoptar las medidas necesarias para esclarecer las acusaciones que apuntan, todas, al desempeño del gobierno del exintendente Julio Garro. Al respecto, el entorno de este último, por estas horas, eligió el silencio y reiteró que la respuesta se verá en mayo, cuando, oportunamente, se analice la rendición de cuentas 2023.