Inflexible, el Gobierno advirtió ayer que las provincias “se van a tener que ajustar”. La sentencia, que dejaron trascender altas fuentes de la Casa Rosada, llegó tras la eliminación del Fondo Compensador del Interior, que subsidiaba a empresas de colectivos urbanos que operan fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y de La Plata. Esa medida, coinciden distintas fuentes del sector, podría implicar un fuerte golpe en el bolsillo de los usuarios, con un boleto mínimo que podría superar los $1.000, dependiendo de cada localidad (ver página 4).
Pese a la dura reacción de mandatarios provinciales y municipales, las autoridades nacionales ratificaron la decisión y remarcaron que cada administración “se tendrá que hacer cargo de lo que le corresponde”, por lo que las provincias deberán “determinar cuánto va a costar el boleto en sus jurisdicciones”.
La decisión que afecta severamente a los gobernadores disparó un nuevo cruce entre los líderes locales y la Casa Rosada, apenas dos días después de que en Diputados se cayera la mentada Ley Ómnibus, algo que llevó al presidente, Javier Milei, a tachar de “traidores” a la oposición dialoguista que no acompañó su iniciativa.
No obstante, en el Gobierno negaron que la eliminación del subsidio a los colectivos sea en “venganza” por la falta de apoyo a la ley y, en cambio, aseguraron que la medida es parte del plan de ajuste.
Los gobernadores, sin embargo, hicieron notar su malestar. Desde Maximiliano Pullaro en Santa Fe o Alfredo Cornejo en Mendoza hasta Marcelo Orrego en San Juan o Axel Kicillof en Buenos Aires coincidían en que “el mayor impacto recaerá sobre la gente”. El pampeano Sergio Ziliotto fue todavía más lejos: “Vamos a defender nuestro patrimonio y si tenemos que ir a la Corte lo haremos”, advirtió.
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