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Alcaldes bonaerenses salieron a protestar ayer contra una medida del Ejecutivo que podría redundar en una fuerte suba en el transporte
Apenas dos días después de la caída de la Ley Ómnibus, el Gobierno fue un paso más allá en su pelea con los gobernadores y anunció la eliminación del Fondo Compensador del Interior con el que se subsidiaba a las empresas de colectivos urbanos del interior del país y la Provincia. La medida puso en pie de guerra a los intendentes de ciudades como Mar del Plata, Pergamino y San Nicolás, que, a la par que temen por otra fuerte suba en el valor de los boletos, no descartan llevar el reclamo a la Justicia . Por ahora, la decisión no afecta al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) ni a La Plata, donde desde la asunción de Javier Milei el viaje más corto en micro pasó de 57 pesos a 294,03 pesos.
Con esta decisión, “los mandatarios provinciales van a tener que determinar cuánto va a costar el boleto en sus jurisdicciones. En el AMBA se va a respetar el cronograma de incrementos previstos, no vamos a cobrar una tarifa plena por ahora”, detallaron fuentes oficiales apenas conocida la quita de un fondo que contemplaba 102.000 millones de pesos y que, en línea con la política libertaria de ajuste fiscal, serán “cortados inmediatamente”.
De esta manera, el Ejecutivo busca trasladar la responsabilidad a los gobernadores, que, sin mayores recursos, ahora deberán decidir si destinan más fondos para contener el precio de los pasajes o si habilitan a las empresas a aplicar nuevos incrementos. Sin subsidio, el boleto mínimo podría superar los $1.000, dependiendo de la localidad.
La confirmación de la medida llegó a través de un comunicado difundido por el Ministerio de Economía, donde se afirmó que “el Gobierno Nacional, cumpliendo con uno de los objetivos trazados al inicio de la gestión, ha decidido disminuir el subsidio a las empresas prestatarias de jurisdicción nacional para concentrar la ayuda a los usuarios que más lo necesitan de forma directa, canalizando dicha asistencia a través de SUBE” y que se mantendrá la tarifa social para los usuarios que así lo requieran. En ese sentido, se argumentó que “la decisión del Estado Nacional es que los fondos lleguen directamente a los ciudadanos, sin intermediarios de ningún tipo, y beneficiando así a las personas que más lo necesitan”.
El propio vocero presidencial, Manuel Adorni, dio por descontado ayer un aumento en los pasajes de colectivos que circulan en el Interior: “Por supuesto que va a repercutir en tarifas. Pero la lógica es que el que necesite viajar lo pueda hacer, sea porque puede pagar la tarifa o porque está dentro del segmento subsidiado de acuerdo a la capacidad de cada ciudadano. Así que tratamos de que el nuevo esquema sea no sólo justo, sino que además permita que todos puedan usar el transporte público”, justificó en su habitual conferencia de prensa.
La medida tomó por sorpresa al sector y a los alcaldes, quienes ven con preocupación lo que podría ser otro duro golpe para el bolsillo de los trabajadores. En Mar del Plata, por ejemplo, la Cámara del Transporte calcula el boleto mínimo podría rozar los $1000, frente a los actuales 297,32 pesos. En Tandil, donde hoy el boleto plano está en 303 pesos, podría superar los 600 pesos. Eso llevó a que una decena de intendentes del interior bonaerense y del resto del país firmaran un duro comunicado contra el Gobierno y evaluaran, incluso, accionar en la Justicia (ver aparte).
“Con el anuncio de Economía, quien pagaba 1.800 pesos para ir de Madariaga a Villa Gesell, va a pagar 5.000 pesos. Esto también nos va a suceder en Mar del Plata, en Bahía Blanca. Por ejemplo, Punta Alta – Bahía Blanca va a ser 2.000 o 3.000 pesos. Afecta a todo el interior”, ejemplificó el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio.
El funcionario de Axel Kicillof fue muy duro contra el Gobierno, al considerar que la quita de subsidios al transporte público “es una venganza por la caída de la Ley Ómnibus” en el Congreso.
Como se mencionó, la medida, por ahora, afecta solo al Interior, ya que si bien en La Plata y el AMBA se levantó el congelamiento de las tarifas, el vicepresidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), Luciano Fusaro, aclaró que, en lo inmediato, en la Ciudad continuará vigente el boleto a 294,03 pesos y no habría cambios durante, al menos, los próximos dos meses. “De hecho, de haber algún cambio en la política tarifaria, debería llamarse a una nueva audiencia pública porque el procedimiento que establece la Resolución 5 de esta semana de la Secretaría de Transporte sigue vigente. Con lo cual, esa resolución lo que establece es ajustes bimestrales y el ajuste de febrero ya se hizo. Por eso, hasta abril no debería haber aumento, al menos que se llame a una nueva consulta”, explicó.
Esto es así porque en la Región rige el Fondo del Conurbano y, según amplió el ministro de transporte de la Provincia, “el Fondo del Conurbano no lo pueden cortar, es una ley”, cerró D’Onofrio.
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