El Tribunal Oral Federal y Criminal N° 4 condenó ayer al empresario Lázaro Báez a cuatro años y seis meses de prisión por lavado de dinero a raíz de la compra de un campo en Uruguay conocido como “El Entrevero”. En la misma causa, el empresario platense Leonardo Fariña, quien fuera testaferro de Báez, recibió una condena inicial de dos años y seis meses, que será unificada con otras penas anteriores y resultará en una sentencia final de cuatro años de prisión, según informaron fuentes judiciales. Es en el marco de la investigación conocida como “La ruta del dinero K”.
El campo, ubicado entre los balnearios José Ignacio y La Barra, en Punta del Este, fue adquirido por 14 millones de dólares a través de una compleja red de sociedades y testaferros que buscaban ocultar a los propietarios.
El fallo incluyó una multa adicional para Báez equivalente a tres veces el monto de las operaciones involucradas, junto con accesorias legales y costas, por su responsabilidad en el lavado de activos en dos hechos vinculados a la compra de “El Entrevero” y otro terreno en El Faro, de José Ignacio. El tribunal decomisó 14.800.000 dólares a los acusados.
Además de Báez y Fariña, el tribunal también dictó penas para otros implicados como Maximiliano Goff Dávila, que fue condenado a cinco años de prisión, y Daniel Pérez Gadín y Santiago Carradori, que recibirán penas de cuatro años y seis meses y cuatro años, respectivamente.
En tanto, Jorge Chueco fue sentenciado a seis años y seis meses, y Osvaldo Guthux a tres años con cumplimiento en suspenso.
La Unidad de Información Financiera (UIF) y la AFIP actuaron como querellantes en la causa.
En el caso de Báez, que está en arresto domiciliario en su casa en Santa Cruz, esta es su cuarta condena. Ya fue sentenciado a 10 años por lavado de dinero en “la ruta del dinero K”, a 6 años por las licitaciones dirigidas en su beneficio en la acusa Vialidad y a 3 años y seis meses de prisión por evadir aportes patronales de su empleados en Austral Construcciones.
Entre otras cuestiones, al empresario santacruceño se lo juzgó por lavar dinero de la corrupción mediante transferencias al exterior desde la financiera de Puerto Madero conocida como La Rosadita.
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