MIAMI
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció ayer la implementación de “prácticas de terrorismo de Estado” que incluyen violaciones a los derechos fundamentales en Venezuela como la represión, el arresto arbitrario y las desapariciones de manifestantes de la oposición que han salido a las calles a reclamar transparencia en los resultados de los comicios presidenciales del 28 de julio. “Las manifestaciones han sido duramente reprimidas”, expresó Roberta Clarke, presidenta de la CIDH al presentar un informe ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Todo esto sucede en un “contexto de absoluta impunidad” porque “los órganos de control responden al régimen y son parte de la estrategia represiva del Estado”, dijo.
El informe fue presentado el mismo día en que la oposición convocó a sus seguidores a defender en las calles de Caracas su alegada victoria en las elecciones y un día después de que el presidente venezolano Nicolás Maduro anunciara cambios en su gabinete que hacen temer más mano dura contra las protestas callejeras que se desataron tras la polémica elección presidencial, cuestionada por la oposición y la comunidad internacional. Al presentar su reporte, Clarke indicó que al menos 23 personas murieron por la violencia de la fuerza pública contra los manifestantes en las protestas, todas ellas por disparos. Ocho de esas muertes, dijo, fueron atribuibles a las fuerzas militares y dos a la policía. Desde el 22 de julio, afirmó, organizaciones de la sociedad civil registraron al menos 1.672 detenciones, la mayoría de ellas de jóvenes que viven en áreas urbanas muy pobres.
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