El Senado aprobó la suba del presupuesto universitario y rechazó el aumento de los fondos reservados de la SIDE

El Senado aprobó en la madrugada de este viernes el proyecto de aumento presupuestario a las universidades nacionales que contaba con media sanción de la Cámara de Diputados y que no tiene el aval del oficialismo, que argumenta que pone en riesgo el objetivo de alcanzar el superávit fiscal. En tanto, la oposición rechazó el DNU que otorgó fondos millonarios a la SIDE y avanzó con la Boleta Única (vea: https://www.eldia.com/nota/2024-9-13-2-17-23-el-oficialismo-dio-en-el-senado-otro-paso-por-la-boleta-unica-de-papel-politica-y-economia).

Respecto a los fondos universitarios el visto bueno llegó por 57 votos afirmativos, 10 negativos y una abstención. La propuesta opositora incrementa los recursos para las Universidades nacionales para garantizar su funcionamiento. Ese aumento incluye un incremento para los docentes y no docentes. 

Mientras que con votos del kirchnerismo, la UCR y el PRO, el Senado rechazó el DNU que otorgó fondos millonarios a la nueva SIDE para gastos reservados en una sesión en la que el Gobierno también tuvo un triunfo pírrico con el avance de la Boleta Única de Papel (BUP) que sufrió cambios en el camino y volverá a Diputados para su sanción con la intención de ponerla en práctica en las elecciones legislativas de 2025.

El rechazo al controvertido decreto que benefició a la Secretaría de Inteligencia, un área que quedó bajo el ala del asesor estrella Santiago Caputo, con más de $ 100 mil millones fue avalado con 49 votos en contra del DNU, 11 a favor y 2 abstenciones.

La suba del presupuesto universitario

El proyecto de aumento presupuestario a las universidades nacionales contó con los votos positivos de la Unión Cívica Radical, el kirchnerismo, bloques federales y solo dos senadores del PRO. Los 10 restantes negativos fueron aportador por los siete de La Libertad Avanza, tres del PRO, que también sumó la abstención.  

Generará un impacto fiscal de 735.598 millones de pesos, lo que implica el 0,14 por ciento del PBI, según informó la Oficina de Presupuesto del Congreso. De todos modos, el Gobierno ya advirtió que podría vetar esta ley como sucedió con el aumento de las jubilaciones.  

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El proyecto obliga al Poder Ejecutivo a actualizar las partidas presupuestarias para cubrir gastos de funcionamiento, investigación y extensión en las universidades, y fija que cada dos meses el Gobierno deberá ajustar los presupuestos de las Universidades acuerdo a la inflación.  

La iniciativa aprobada por Diputados establece que el Poder Ejecutivo tendrá que actualizar desde el 1 enero de 2024 y hasta el 31 de diciembre de 2024, de forma bimestral, el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales por el Índice de Precios al Consumidor informado por el INDEC.  

De acuerdo a la oficina de Presupuesto, la actualización de partidas del 2023 según el IPC es de 210.742 millones de pesos; el ajuste bimestral de los recursos para 2024 es de 86.254 millones de pesos, en tanto que para salarios los fondos oscilan en los 441.600 millones de pesos.

Uno de los puntos centrales es que se aumentarán todos los meses los salarios de docentes y no docentes con actualizaciones según la inflación.  

Al respecto, establece que los salarios docentes y no docentes del sistema universitario nacional se deberán actualizar a partir del 1° de diciembre de 2023 y hasta el mes de sanción de la presente ley por la variación acumulada de la inflación informada por el INDEC durante ese periodo.  

Posterior a la sanción de la ley y hasta el 31 de diciembre, los salarios deberán actualizarse en forma mensual y conforme a la inflación informada por el INDEC. Este mecanismo de aumento salarial dejaría de tener vigencia sólo si hay un acuerdo entre docentes y autoridades de las Universidades Nacionales.

El rechazo al proyecto de la SIDE

El primero de los cachetazos que recibió el Gobierno comenzó a gestarse hace varias semanas atrás y la Casa Rosada, acostumbrada a jugar al límite, recién ayer planteó una salida a la cuestión para evitar que el decreto desembarcara en el recinto este jueves. La jugada fue propuesta por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en un encuentro en Casa Rosada que encabezó el presidente Javier Milei. 

La acción consistió en pedir una sesión especial secreta con el objetivo de quitar del temario oficial el DNU de la SIDE. El pedido ingresó por la tarde al Senado y fue recibido por la vicepresidenta Victoria Villarruel que lo puso a consideración de los bloques. Con picardía, los radicales disimularon jugar en favor de Balcarce 50, pero no lo rubricaron. 

Eso permitió que quede en minoría la solicitud del Ejecutivo y que el DNU pueda ser sumado al plan de sesión que se aprobó ayer en la reunión de Labor Parlamentaria con apoyo del kirchnerismo, logrando los dos tercios necesarios para plasmar la jugada. "Los radicales se dieron vuelta", decían oficialistas en los pasillos del Senado ayer por la tarde. 

Los que de desayunaron de la jugada en el lugar fueron dos emisarios del jefe de Gabinete, Guillermo Francos: José Rolandi, vicejefe de Gabinete Ejecutivo, y el secretario del Interior, Lisandro Catalán; y la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabal Murphy. Libertarios -con malicia- decían que solo vinieron a "mojar el pancito" de la "victoria" por la BUP. Ellos argumentaban que estaban solo para terminar de abrochar la ley.  

El DNU de la SIDE fue dictado el pasado 23 de julio, luego de que la cúpula del Ejecutivo decidiera la disolución de la AFI y restaurara la vieja SIDE. El decreto le dio cien mil millones de pesos de fondos reservados a la flamante secretaría que quedó en manos de Sergio Neiffert, a quien lo vinculan con Santiago Caputo, asesor principal de Milei.

El rechazo, que se produjo pasadas las 02:15 de este viernes, fue 49 votos frente a 11 positivos para mantenerlo vigente y dos abstenciones. Fue la primera vez que el Congreso rechaza un DNU.

Boleta Única: el "poroto" que se anotó el Gobierno

Por su parte, la aprobación del proyecto que propone implementar la Boleta Única de Papel (BUP) para las elecciones nacionales es el único poroto que se pudo anotar en el Gobierno en la maratónica jornada. La votación se definió por 39 votos afirmativos y 30 negativos. En caso de convertirse en ley se implementaría desde las elecciones legislativas del año próximo.

La recuperación legislativa del proyecto de BUP se dio en medio del intento del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por eliminar las PASO, una iniciativa que no tuvo consenso y que obligó al Gobierno a conformarse con la boleta única. El proyecto tiene media sanción de Diputados desde 2022 y ahora volverá a ese cuerpo por los cambios aplicados durante el debate en Senado.

Según esta iniciativa, la Cámara Nacional Electoral (CNE) será la responsable de diseñar las BUP; mientras que las Juntas Electorales Nacionales serán las encargadas de adaptar la boleta a la oferta electoral de cada distrito. 

Adoptará el modelo mendocino, provincia donde se vota con este sistema, al igual que en Santa Fe y Córdoba, con matices en sus formatos. En tanto, el Ministerio de Interior, a través de la Dirección Nacional Electoral (DINE) sería el responsable de imprimir y distribuir las boletas a lo largo y ancho del país. 

Su desembarco en el hemiciclo electoral se dio gracias a que la Casa Rosada cediera a un cambio pedido por la senadora Mónica Silva (Río Negro) el casillero en blanco con la opción de votar lista completa, lo que había sido uno de los reclamos de los partidos provinciales. A su vez, sumaron los votos de los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut. 

De esta manera, el Gobierno evitó desbaratar el empate virtual de 36 a 36 que congeló la BUP durante meses a raíz de que el kirchnerismo se había plegado con sus 33 senadores al dictamen minoritario que había impulsado Silva, en descontento por el botón de lista completa; algo que era apoyado también por los misioneros.