Hipotecas UVA, quejas por el costo financiero: en La Plata, damnificados piden información a las entidades

Las hipotecas de las personas que tomaron créditos UVA (unidad de valor adquisitivo), desde su creación en 2016, son una problemática para miles de familias de La Plata, la Región y el país. Es que desde los grupos de deudores local y bonaerense sostienen distintos reclamos por la indexación “desproporcionada”, según acusaron, que se aplicó en los préstamos para adquirir, en general, viviendas o inmuebles como terrenos para edificar. Por caso, en los últimos días resurgió una de las quejas y exigen claridad en la información sobre el costo financiero total (CFT) en los contratos suscriptos. Esta demanda no es solo “una cuestión de justicia económica, sino un reclamo amparado por leyes específicas que buscan proteger a los consumidores bancarios”, manifestaron.

Los créditos UVA, encuadrados como contratos de consumo bancario, están regidos por el Código Civil y Comercial de la Nación. “Esta normativa establece que los bancos tienen la obligación de informar de manera completa el CFT”, repusieron desde el grupo platense “Hipotecados UVA”. Este principio, diseñado para garantizar transparencia, adquiere especial relevancia en un contexto donde las cláusulas de ajuste, como la indexación por CER (coeficiente de estabilización de referencia) o UVA, representan el componente más voluminoso de las deudas, según fuentes judiciales. Sin embargo, conforme denunciaron los damnificados por la deuda, “los bancos (privados y públicos) y el Banco Central de la República Argentina (BCRA) han omitido incluir este componente en el cálculo del CFT, contraviniendo lo estipulado por la ley”.

“El Código Civil y Comercial es claro: si no se informa el CFT completo, el contrato puede ser declarado nulo, o al menos anularse todo componente no incluido en dicho cálculo”, señalan especialistas en derecho bancario que asisten a los hipotecados UVA. No obstante, en los casos de créditos UVA, los bancos han argumentado que “los préstamos se otorgaron en ‘uvas’ y no en pesos”, lo que justificaría la “omisión judicial”, según acusaaron, del ajuste en el CFT.

En contrapartida, los hipotecados rebaten esta posición, enfatizando que “los contratos fueron celebrados en pesos, como lo establece el artículo 1408 del Código y la Ley 24.441”. “Es falso que estas sean deudas de valor; son deudas en pesos indexadas, una práctica que solo se permite por excepción y está prohibida en términos generales por la Ley 23.928”, remarcaron.

La raíz del conflicto también se encuentra en la “ambigüedad deliberada”, tal como sostienen los afectados. “Los bancos han querido hacer creer que los préstamos tienen relación directa con el valor del metro cuadrado, cuando en realidad las deudas no están vinculadas a este concepto”, discuten. Al tiempo que los expertos en la materia adhieren: “Es una maniobra para disfrazar la indexación, pero el CER no tiene nada que ver con el m2. La realidad es que los contratos fueron en pesos, y el ajuste simplemente responde a un coeficiente decidido arbitrariamente”.

La justicia, en varias ocasiones, ha emitido fallos, “pero sin ejecuciones” —tal como precisaron— para ordenar a los bancos que informen el CFT incluyendo el ajuste por CER o UVA. “Esta decisión se basa en los artículos 1388 y 1389 del Código Civil y Comercial, que establecen sanciones severas en casos donde no se informe correctamente el CFT”, apuntaron los letrados especialistas. Para los hipotecados, esta falta de transparencia no solo vulnera derechos legales, sino que constituye una herramienta de poder utilizada por las entidades financieras. “La información es poder, y los bancos lo saben. Por eso han omitido lo más importante”, denuncian.

LE PUEDE INTERESAR

¿En qué estado están las plazas de La Plata y cuánto avanzaron las obras?

LE PUEDE INTERESAR

El calor cesa, las penurias siguen: crece la bronca de los usuarios por la falta de agua en los barrios de La Plata

Los hipotecados UVA no buscan solo justicia retroactiva; su lucha es por establecer un precedente que impida que otros consumidores enfrenten las mismas dificultades. “La opacidad en la información tiene un impacto devastador en las familias que confiaron en estos créditos. Exigimos que se respete la ley y que se reconozca que estas deudas fueron y son en pesos”, reclaman.

La cuestión, lejos de resolverse, continúa siendo motivo de debate en tribunales y en la arena pública. Mientras tanto, los hipotecados UVA siguen haciendo oír su voz, poniendo en evidencia cómo la falta de información completa y veraz puede transformar una herramienta financiera en una trampa económica.