En la era Milei, creció más la presión impositiva sobre la renta agrícola

El Estado se queda con $64,30 de cada $100 de renta agrícola y el índice subió 2,8 puntos desde la medición de septiembre de 2024, principalmente por la caída de precios y el menor efecto del dólar exportador. Y comparado con diciembre de 2023 es 5,4 puntos más alto.

Si se desglosa lo que se paga por jurisdicción, 94,7% son impuestos nacionales, 4,7% provinciales y el resto municipales. De esos impuestos nacionales, el 67,5% no se coparticipan a las provincias, principalmente son los Derechos de Exportación o DEX (retenciones), según revela un informe de FADA (Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina).

Mientras que el promedio ponderado de cultivos a nivel nacional es de 61,5%, la participación del Estado en soja es del 65,6%, maíz 56,6%, trigo 54,4% y girasol 56,6%.

Esta es una de las aristas que explican por qué la rentabilidad de los productores agrícolas en Argentina atraviesa una de las etapas más complejas de su historia reciente. La carga impositiva, junto con un contexto económico caracterizado por la caída de precios y el aumento de costos, ha puesto al sector en una situación límite.

Las expectativas para el sector agropecuario no son alentadoras. El sector agrícola sigue siendo uno de los pilares fundamentales de la economía argentina, pero la persistente presión impositiva y la inestabilidad en los precios internacionales están socavando su capacidad de recuperación. Las entidades rurales exigen señales claras del gobierno para reducir las retenciones y aliviar la carga fiscal, que en muchos casos está llevando a los productores a un punto de quiebre. La situación requiere de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del campo y evitar que se pierdan más productores, lo que tendría repercusiones no solo en la economía rural, sino en la estabilidad de todo el país.

El índice FADA de septiembre de 2024 es un claro indicador de la presión que los productores enfrentan ante una caída en los precios internacionales de los granos. Este fenómeno tiene un impacto directo sobre la rentabilidad, que ya se encontraba debilitada por los elevados costos de producción. Si bien la caída de los precios de soja, maíz y trigo ha sido significativa, la inflación y el aumento de costos en dólares en nuestro país no han dejado margen para que los productores recuperen la rentabilidad perdida.

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Ante esto, el presidente de CARBAP, Ignacio Kovarsky, cuestionó el rumbo económico y político que afecta al sector agroindustrial y pidió señalas claras al gobierno de Javier Milei que conduzcan a una reducción de los derechos de exportación o retenciones.

A pesar de la mejora en el tipo de cambio y la implementación del dólar exportador, que proporciona una tasa más favorable para las exportaciones, el sector no logra reponerse. Si se analizan los costos en dólares, los insumos muestran una leve disminución en fertilizantes y fitosanitarios, pero las labores y los gastos operativos, que han aumentado entre un 200% y 250% frente a la inflación interanual, siguen siendo un fuerte componente en la ecuación financiera para los productores. La relación de los costos dolarizados es preocupante: el 44% de los costos en soja están nominados en dólares, y el porcentaje sube al 47% en maíz, lo que hace aún más difícil para los productores afrontar sus compromisos.

En este contexto, la carga fiscal continúa siendo una de las principales amenazas para la viabilidad económica de los productores. De acuerdo con FADA, los impuestos nacionales no coparticipables representan el 64,5% del total de la presión tributaria sobre una hectárea agrícola. Estos impuestos incluyen los derechos de exportación, que a pesar de la reducción parcial de la alícuota en algunos cultivos, siguen siendo un obstáculo para el sector. Además, los impuestos provinciales y municipales aumentan la carga, afectando aún más a las economías regionales.

Uno de los puntos más críticos es la estructura impositiva federal. En la actualidad, el 61,5% de los impuestos que enfrentan los productores corresponden a tributos nacionales, provinciales y municipales. Dentro de estos, los derechos de exportación (retenciones) y el impuesto a los créditos y débitos bancarios (cheque) son los más significativos. Esta estructura ha sido duramente criticada por asociaciones rurales como CARBAP.

Kovarsky, ha señalado que la rentabilidad sobre campos alquilados es prácticamente nula, y en campos propios apenas se cubren los costos básicos. La constante actualización de los impuestos provinciales, como el inmobiliario rural, y las tasas municipales, como las guías y las tasas viales, incrementan aún más la presión sobre los productores.

Aunque la producción global de granos ha repuntado después de la sequía de 2023, la menor demanda de China y la acumulación de inventarios han afectado el precio de los cultivos. Esta disminución de los precios ha reducido el valor bruto de la producción, mientras que los costos siguen en aumento, lo que erosiona aún más la rentabilidad del sector.

Los precios de la soja, el maíz y el trigo continúan por debajo de los promedios históricos, lo que implica que, a pesar de un aumento en los niveles de producción, los ingresos de los productores no logran cubrir los costos y los impuestos. En comparación con junio de 2024, los precios del trigo han caído un 12,7% en dólares, mientras que en soja y maíz la caída es del 3%. En términos interanuales, entre septiembre de 2023 y septiembre de 2024, los precios de los granos han caído un 6% en soja, un 15,5% en maíz y un 10% en trigo.

El sistema federal de impuestos también juega un papel fundamental en el deterioro de las finanzas de los productores. En muchas provincias, los impuestos provinciales y municipales, aunque más bajos que los nacionales, siguen siendo un peso significativo. En Buenos Aires, por ejemplo, los productores enfrentan impuestos inmobiliarios rurales elevados, especialmente en la zona núcleo, donde el valor de este impuesto es casi tres veces superior al promedio provincial. En Santa Fe, los impuestos provinciales como el inmobiliario rural y las tasas municipales suman un considerable monto por hectárea. A su vez, en Córdoba, a pesar de no haber impuestos a los ingresos brutos, el costo impositivo sigue siendo alto debido a las tasas municipales.

En este marco, las críticas sobre la estructura impositiva nacional y su impacto sobre las regiones productivas no han cesado. Kovarsky ha resaltado que la actual política tributaria no solo afecta la rentabilidad, sino que pone en riesgo la inversión en tecnología y maquinaria, además de comprometer la continuidad de miles de productores.

El futuro del agro argentino depende de una profunda revalorización de la política económica, que considere no solo la necesidad de generar recursos fiscales, sino también de proteger a un sector clave para el desarrollo de la nación. La baja rentabilidad y la creciente presión impositiva son desafíos urgentes que deben ser abordados para evitar que el campo argentino se siga desangrando bajo el peso de los impuestos y los costos crecientes.