Allanaron 11 municipios por el escándalo de las fotomultas millonarias

El escándalo de las fotomultas en la Provincia de Buenos Aires escribió un nuevo capítulo en las últimas horas y puso a varios Municipios bajo la lupa.

Fue a partir de una orden de allanamiento librada por un juez federal hacia 11 Comunas bonaerenses, ante la sospecha de la existencia de una trama irregular en la percepción de las millonarias sumas, que se desprenden de las infracciones de tránsito registradas por los cinemómetros instalados en sus distritos, con posibles desvíos hacia fundaciones universitarias, que extrañamente aparecerían en el negocio como terceros interesados.

La medida llevó la firma de Juan Manuel Culotta, titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal de Tres de Febrero, en el marco de una investigación que impulsó el fiscal de la jurisdicción, Paulo Starc. Todo a partir de la información clave que les aportó el juez Federal de La Plata, Ernesto Kreplak, quien lleva adelante una investigación de similares características con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) en el centro de la escena.

Los procedimientos se hicieron en las municipalidades de La Matanza; Morón; General Pueyrredón; Roque Pérez; Junín; Olavarría; Zárate; General Rodríguez; 9 de Julio; San Isidro y San Martín.

En la pesquisa se mencionó de la existencia de un convenio marco entre la Provincia (que siempre y en todos los casos se queda con un 20 por ciento de lo recaudado) y los Municipios, que distribuyen el excedente del 80 por ciento con las empresas que aportan la tecnología, el software y brindan el servicio.

Según un testimonio que consta en las actuaciones y, que el juez Culotta merituó para otorgar las órdenes de registro, “generalmente las inconsistencias aparecen en la distribución de ese 80 por ciento, que corresponde al municipio y el proveedor de los servicios, en donde aparecen graves irregularidades en perjuicio de los municipios, siendo que es normal y habitual que el municipio perciba solo el 15 al 30 por ciento de cada infracción y el resto lo percibe la empresa prestataria y/o las Universidades”

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En ese relato, siempre en base a la documentación que surge de las actuaciones, por ejemplo se detalló que “la Universidad Nacional de San Martín, cede lo recaudado a la Fundación Universidad Nacional de San Martín; asimismo todo esto es monitoreado por el proveedor junto a dos áreas de la UNSAM, el Rectorado y la Secretaría de Extensión y Vinculación, siendo la Fundación UNSAM, en definitiva, la acreedora del producido de las multas. Pero ciertamente, la UNSAM y la Fundación UNSAM no se encuentran en el Registro de Proveedores, por lo que no hay explicación del motivo por el cual reciben parte de lo recaudado por las multas”.

Precisamente, el fiscal Starc, al pedir los allanamientos, expresó que “el objeto de la presente investigación eran las presuntas irregularidades advertidas en torno a la administración y distribución de fondos del sistema de cobro de multas por infracciones de tránsito cometidas en los municipios de La Matanza, General Pueyrredón, Roque Pérez, Junín, Olavarría, Morón, Zárate, General Rodríguez, 9 de Julio, San Isidro y General San Martín, que podrían consistir en defraudaciones al erario público municipal”.

Al respecto, Culotta refirió: “Teniendo en cuenta que varios de los Municipios involucrados se encuentran fuera de la jurisdicción de esta sede, se librarán exhortos a los juzgados federales que correspondan para su cumplimiento”, entre ellos el de nuestra ciudad.

En la orden de allanamiento, indicaron las fuentes consultadas, se requirió los “convenios de cooperación en materia de asistencia técnica, provisión de tecnología y servicios para seguridad vial que hayan celebrado, en relación a la administración del sistema de cobro de multas por infracciones de tránsito, desde el día 01/01/2020 a la fecha; los formularios 02 que hayan suscripto durante el mismo lapso, en donde se detalle la distribución y porcentajes de los fondos, conforme cada uno de los convenios con los que guarden relación; toda aquella documentación que formó parte del trámite de aprobación de los Convenios Marco de Colaboración que hayan celebrado cada Municipio con la Provincia de Buenos Aires y todos los expedientes que se hayan llevado adelante respecto a la selección de la empresa prestataria del servicio, ya sea por licitación o a través de universidades”.

Las empresas que manejan buena parte del mercado son Secutrans y Tránsito Seguro, que obtendrían así cifras siderales producto de las infracciones viales.

Su máximo responsable, Leandro Camani, como se recordará, presentó una denuncia ante la fiscalía Nº 11 de La Plata, a cargo de Álvaro Garganta, que intenta determinar si existe montado -como refirió- un sistema de baja de multas paralelo, que le ocasionaría una merma recaudatoria a la Provincia y a los Municipios y, por ende, a sus propias compañías.