La Municipalidad informó que la mayoría de los barrios cerrados de La Plata son ilegales

A través de un comunicado oficial, la Municipalidad informó ayer que unos 400 barrios cerrados de la Ciudad, cuya aprobación por el Concejo Deliberante fue impulsada por el exintendente Julio Garro, son “ilegales”. Se trata de urbanizaciones que violaban la ley provincial del uso del suelo y por lo tanto son nulas, se informó. Esto motivó que la Comuna se presente ante la justicia penal, que investiga lo ocurrido.

El documento emitido por la Comuna al que tuvo acceso EL DIA, sobre los 400 emprendimientos cuyas obras se encuentran suspendidas desde septiembre pasado, por un decreto del Intendente, subraya que “nunca” la Municipalidad debió autorizar el inicio de esas obras.

“Estas urbanizaciones son ilegales porque están enmarcadas por ordenanzas no convalidadas por la Provincia y que, por lo tanto, no resultan aplicables”, afirmó la Municipalidad. De acuerdo al ordenamiento jurídico de la República Argentina las normas provinciales tienen prevalencias sobre las municipales.

En diversos dictámenes de la Dirección Provincial del Ordenamiento Urbano Territorial (DpoutI) emitidos en 2022, el Estado bonaerense “instó a la Municipalidad expresamente a no aplicar tales ordenanzas ni otorgar autorizaciones enmarcadas en las mismas”, explican.

Pero, además, muchas de las urbanizaciones afectadas por estas ordenanzas corresponden a barrios cerrados, los que se encuentran regulados el decreto provincial Nº27, sancionado en 1998, por el que la Provincia se reservó el derecho de aprobar los proyectos de construcción de esos barrios cerrados. Por lo tanto, es el Poder Ejecutivo bonaerense la autoridad competente y responsable de su autorización.

La Municipalidad sostuvo ayer que “ninguno de los barrios cerrados posee esta autorización provincial” y, consecuentemente, ninguna de las empresas que los construyen “pueden obtener permiso de obra ni mucho menos para la edificación de viviendas particulares”.

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“NO SE PUEDEN VENDER LOTES”

En este contexto, el comunicado de la Comuna subraya que “ninguno de los barrios ilegales puede comercializar ni publicitar sus lotes” porque no poseen las autorizaciones mínimas requeridas por el decreto ley 2.514/24.

De este modo, el gobierno local buscó aclarar la incertidumbre que muchas familias tienen con respecto a este tipo de operaciones.

Pero, para finalizar, el documento señala de forma contundente: “El principio de continuidad de la función pública no se encuentra en duda, como tampoco la inaplicabilidad de las ordenanzas que no están convalidadas”.

Y refiere a que la situación de irregularidad fue “advertida expresa y formalmente por funcionarios del Área de Legal y Técnica municipal en 2017, al reconocer la no aplicabilidad de las ordenanzas relativas al régimen de zonificación urbanística, hasta tanto no se encuentren convalidadas”.

El funcionario de la Municipalidad que se desempeñaba como subsecretario de Legal y Técnica municipal, Ramiro Palacios Vallejos, había indicado que no se podían autorizar la comercialización de barrios cerrados que no estén convalidados por la Provincia, de acuerdo al decreto provincial 466/11 y el artículo 83 de la ley 8.912/77.

La norma provincial citada por el subsecretario establece que “las ordenanzas correspondientes a las distintas etapas de los planes de ordenamiento urbano deben ser previamente aprobados por el Poder Ejecutivo bonaerense.

Sin embargo, más de 19 ordenanzas fueron impulsadas por el Intendente y aprobadas por el Concejo Deliberante entre 2020 y 2022, modificando el uso del suelo en distintos barrios de la Ciudad “por excepción”. La norma provincial establecía que las excepciones debían ser convalidadas por la Provincia y no lo fueron.

El decreto 27/98 que regula los barrios cerrados en la Provincia especifica que estas urbanizaciones “no pueden ser normadas en el ámbito municipal sino que requieren precisiones provinciales que enmarquen el accionar de los gobiernos locales” dentro de la ya mencionada ley de ordenamiento territorial 8.912.

EL DIA tuvo acceso a dictámenes del ministerio de Gobierno bonaerense que en 2022 rechazaba convalidar más de 19 ordenanzas para que zonas rurales eran convertidas en corredores urbanos.

La Municipalidad informó que los barrios ilegales no pueden publicitar sus lotes

La Provincia rechazó convalidar todas ordenanzas municipales que modificaban el destino de la tierra de zona rural a urbana o admitían excepciones. En cada caso se repitió: “No podrán aprobarse subdivisiones, edificaciones ni ningún tipo de autorizaciones”, en tanto se incumpla con la ley 8.912.

Según indicaron ayer funcionarios municipales, a pesar de estos rechazos de la autoridad provincial realizados en 2022, muchas solicitudes de autorización de barrios cerrados continuaron su curso. Este diario tuvo acceso a un documento con fecha del 11 de enero de 2023, en el que la entonces secretaria de Planeamiento Urbano, María Botta, otorgaba permiso para la construcción de viviendas en el barrio “Ribera I”, desarrollado por Berlín Houses S.A., la firma con más emprendimientos en estas condiciones.

Atendiendo a las inquietudes de quienes compraron lotes y hasta edificaron en ellos, funcionarios de la Comuna dijeron que evalúan “soluciones prácticas que destraben la situación”. El embargo que solicitó la Municipalidad tiene el objetivo de impedir que las constructoras sigan vendiendo o compromeitendo la venta de bienes que pueden servir para, si es necesario, indemnizar a los damnificados.

En octubre pasado el intendente, Julio Alak, presentó una denuncia para que se investigue penalmente las autorizaciones ilegales concedidas por el Municipio. La causa es investigada por el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta y se tramita en el juzgado de Garantías Nº5, a cargo de la jueza Marcela Garmendia.