Fotomultas: cuál es la situación judicial del exministro D’Onofrio

El exministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, quedó imputado como partícipe necesario de los delitos de fraude en perjuicio de la Administración Pública, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, y como autor del delito de cohecho pasivo. Las acusaciones fueron formalizadas por el fiscal platense Álvaro Garganta en la causa que investiga la participación de presuntos gestores que eliminaban multas de tránsito a cambio del pago de un porcentaje de la infracción. Además, se apunta al supuesto direccionamiento en la adjudicación de concesiones de la Verificación Técnica Vehicular (VTV).

D’Onofrio, históricamente ligado a Sergio Massa, integró el gabinete de Axel Kicillof desde diciembre de 2021 hasta su renuncia a fines del año pasado, cuando estalló el caso de las fotomultas y la VTV por el que también fueron imputadas otras 15 personas. Pese a su salida, el massismo retuvo el lugar de D’Onofrio en la Provincia, al asumir como reemplazo Martín Marinucci, dirigente del Frente Renovador de Morón.

Para el fiscal, el extitular del ministerio provincial y otros funcionarios a su cargo, “valiéndose de las potestades propias de su función actuaron en connivencia con terceros ajenos a dicho organismo, quienes captaban como ‘gestores’ a deudores de infracciones de tránsito ofreciéndoles reducciones del 50% del monto adeudado, apropiándose de un monto remanente”.

La maniobra, advirtió la Fiscalía, se produjo “sin respetar el debido proceso legal y con el consiguiente perjuicio para las arcas municipales y provinciales”, con el agravante de que “dichos funcionarios públicos se pusieron de acuerdo para cometer delitos de forma indeterminada y, en el ejercicio de sus funciones, se habrían enriquecido ilícitamente aumentando considerablemente sus patrimonios”.

En la resolución firmada por Garganta se lee que “habrían ocurrido irregularidades en el procedimiento de adjudicación de las concesiones para la explotación del servicio de VTV, las que habrían sido otorgadas a siete empresas que previamente habrían contratado (por una excesiva comisión del 8,5% más IVA del valor total de cada pago realizado) los servicios de la empresa ‘Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica S.A.‘, en la que tendrían participación societaria -interpósita persona- los funcionarios del Ministerio de Transporte investigados”, y agrega: “Asimismo, surge que las vinculaciones irregulares entre funcionarios del Ministerio de Transporte y SebastiÁn Desio [titular de Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica] se ampliarían a la locación del inmueble donde actualmente se erige la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial del Ministerio de Transporte, ubicado en calle 6 entre 44 y 45 de La Plata”. A Desio, cercano a D’Onofrio en Pilar se lo acusa como partícipe necesario de cohecho pasivo porque su firma cobraría el 8,5% más IVA de cada verificación (cuesta $60.000 la de la categoría más baja de automóviles).

Más imputados

Por las fotomultas también fue imputado el exjuez de faltas Mario Quattrochi, por presunto fraude en perjuicio de la Administración Pública, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados. Habría participado en el registro y procesamiento de las infracciones bajo sospecha.

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A Quattrochi se lo menciona como socio de Claudia Pombo. Presidenta del Concejo Deliberante de Pilar y mujer de extrema confianza de D’Onofrio, Pombo es otra de las imputadas por Garganta como partícipe necesaria de los delitos mencionados.

El resto de los imputados por el esquema de las fotomultas son Pablo Sanguinetti (exdirector provincial de Política y Seguridad Vial); Tomás Uthurriague (exdirector de Informática); Ariel Morosini (empleado del Juzgado de Faltas provincial de La Plata); Evangelina Guerra (secretaria del Juzgado de Faltas provincial), y Martina Risso (secretaria del Juzgado provincial de Faltas).

Por las concesiones de la VTV, fueron imputados como coautores de cohecho activo casi una decena de empresarios que controlan las plantas verificadoras de la Provincia, como así también el titular la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la Argentina.