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La iniciativa apunta a establecer zonas de resguardo, notificaciones obligatorias y sanciones, con el fin de garantizar un entorno sano para estudiantes, docentes y trabajadores escolares.
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La diputada provincial Sabrina Sabat, del bloque dialoguista y actual presidenta de la Comisión de Asuntos Agrarios en la Cámara Baja, presentó un proyecto de ley en la Legislatura bonaerense con el objetivo de impedir la fumigación con productos fitosanitarios en terrenos linderos a las escuelas rurales de la provincia de Buenos Aires. La iniciativa fue presentada esta semana en La Plata y busca ser tratada con el acompañamiento de los distintos bloques legislativos, en un contexto de creciente preocupación por los efectos de estas prácticas en la salud y el ambiente.
“La exposición a estos productos puede generar consecuencias preocupantes. Es fundamental establecer pautas claras generando zonas de resguardo y así evitar riesgos innecesarios para estudiantes, docentes y no docentes”, sostuvo Sabat al argumentar la necesidad de la normativa. En ese sentido, la diputada remarcó que muchas instituciones educativas rurales conviven a diario con aplicaciones de agroquímicos a muy corta distancia, por lo que urge establecer “criterios claros que garanticen la seguridad ambiental”.
El proyecto también establece obligaciones específicas para los actores del sector productivo: la presencia obligatoria del asesor técnico del productor o la empresa durante las aplicaciones, la notificación con al menos 48 horas de anticipación por parte de propietarios o arrendatarios de los lotes, y la incorporación de un régimen de sanciones ante incumplimientos.
“La legislación local, en algunos casos, es ambigua, por eso es fundamental avanzar con una normativa provincial que unifique criterios”, insistió Sabat. Y agregó: “Necesitamos acompañar a la comunidad educativa con leyes que resguarden sus derechos y prioricen la salud por encima de los intereses económicos”. La diputada dejó en claro que la intención no es confrontar con el sector agropecuario, sino “exigir prácticas responsables en resguardo de la vida de las personas”.
Este proyecto se da en el marco de un debate latente sobre el uso de fitosanitarios en áreas habitadas. A principios de este año, el Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense, a cargo de Javier Rodríguez, prorrogó nuevamente la Resolución 246 de 2018 mediante la Resolución 2/25, extendiendo por 210 días la suspensión de su vigencia con el objetivo de seguir ajustando herramientas como la receta agronómica obligatoria y el sistema de georreferenciación de restricciones territoriales.
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