El Gobierno nacional, mediante el Decreto 273/2025 firmado en abril, derogó el Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU) y habilitó la importación de embarcaciones usadas, una medida que generó alarma en la industria naval, especialmente en los astilleros de Mar del Plata. Desde la Asociación Bonaerense de la Industria Naval (ABIN) y SPI Astilleros calificaron la decisión como “contradictoria” y advirtieron sobre su impacto en la producción y el empleo.
“Importar buques usados es contradictorio para un país con capacidad de producción local, especialmente si busca un desarrollo económico sostenible”, afirmó Sandra Cipolla, presidenta de SPI Astilleros. La dirigente propuso que la importación de barcos usados se limite a un plazo de cinco años y que por cada unidad importada se exija la construcción de un buque nacional.
La eliminación del CIBU retoma antecedentes de los años '90, cuando la apertura de importaciones provocó serios desequilibrios en el sector. “Genera preocupaciones significativas sobre el futuro de la flota de bandera argentina”, alertó Cipolla.
Desde Astillero Federico Contessi, su presidente, Domingo “Vito” Contessi, fue aún más crítico: calificó el decreto como “un gravísimo error” que “pone en riesgo a centenares de industrias y miles de empleos” y recordó los efectos negativos que tuvo una medida similar durante la convertibilidad.
La medida también fue cuestionada en el ámbito político. El diputado provincial Gustavo Pulti (Unión por la Patria) presentó un proyecto en la Legislatura bonaerense para repudiar el decreto, mientras que el concejal Horacio Taccone (Acción Marplatense) solicitó al Ejecutivo local que gestione su revisión. Ambos señalaron que permitir la importación irrestricta de maquinaria usada “afecta gravemente a la industria nacional”.
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