La fiscal platense Betina Lacki pidió elevar a juicio oral la causa contra Julio “Chocolate” Rigau, el puntero del PJ detenido en septiembre de 2023 con casi medio centenar tarjetas de débito en su poder y más de dos millones de pesos recién extraídos de una sucursal del Banco Provincia de avenida 7. Con el correr de la investigación se supo que ese dinero correspondía a los sueldos de supuestos empleados de la Cámara de Diputados provincial y se acusó a Rigau de trabajar para los dirigentes del Frente Renovador, Claudio Albini y su hijo Facundo, apuntados por recaudar fondos a través de los haberes de presuntos “ñoquis” de la Legislatura. Todos ellos están con prisión preventiva por esta causa y la fiscalía los acusa por asociación ilícita y defraudación al Estado.
En el pedido de elevación a juicio oral también se menciona a los 43 dueños de los tarjetas que administraba Rigau.
De acuerdo con los informes elaborados por peritos de la Corte, la estafa al fisco se cifraría en, al menos, $700 millones.
Tras el pedido de la fiscal, ahora es el juez de La Plata, Federico Atencio, el que debe decidir si habilita o no la instancia de juicio oral.
Tanto la fiscal Lacki como el juez Atencio consideran que los ñoquis, Rigau y los Albini serían apenas los niveles iniciales y medios de un entramado delictivo cuyos máximos responsables permanecen en las sombras. En el expediente no aparece el o los “jefes” de la presunta asociación ilícita.
Pese a lo que pudo probar la investigación judicial, la Legislatura bonaerense completó este año un informe “preliminar” cargada de inconsistencias, en el que descartó que se hayan cometido “irregularidades” o delitos, elogió el “buen desempeño” y el “compromiso laboral” de los empleados que la Justicia ha considerado “ñoquis”, y hasta desconoció que haya habido un “perjuicio” económico para el Estado bonaerense, según consta en actuaciones documentadas en la Cámara de Diputados.
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