El gobierno de Axel Kicillof continuará aplicando las herramientas de fiscalización con las que venía trabajando más allá de los recientes anuncios del Gobierno nacional.
Así lo hizo saber el director ejecutivo de ARBA, Christian Girard, quien cuestionó la falta de claridad de dichas medidas del Gobierno nacional y remarcó que, pese a las declaraciones oficiales, no se produjeron cambios sustanciales en las obligaciones tributarias vigentes.
Frente a los anuncios del Gobierno nacional sobre un supuesto “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros”, Girard fue categórico: “No hay modificaciones concretas en términos normativos. Las medidas difundidas hasta el momento carecen de seguridad jurídica y parecen más una promesa electoral que una política tributaria efectiva y un manotazo de ahogado porque no logran acumular reservas en el marco de la liquidación de la cosecha gruesa”.
El titular de ARBA señaló que lo único implementado hasta ahora fue la derogación o reformulación de ciertos regímenes de información y la creación de un régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias. En este último caso, las personas alcanzadas ya no deben declarar variaciones patrimoniales, sino únicamente ingresos y gastos deducibles.
“Se lo presenta como una reparación para ahorristas, pero en realidad es un mecanismo de blanqueo encubierto que habilita la legalización de flujos de fondos no declarados. No apunta a ahorros acumulados, sino que apunta a que no se acumulen fondos no declarados a la espera de un futuro nuevo blanqueo. Pero la normativa vigente en materia penal tributaria y de prevención del lavado de dinero sigue intacta. Eso deja a las y los contribuyentes en un limbo legal, porque no se explicita si este anuncio tendrá efectos retroactivos ni cuáles son sus límites reales”, advirtió Girard.
Respecto del impacto en la provincia de Buenos Aires, subrayó que “ARBA sigue trabajando con normalidad, aplicando los mismos criterios de control. Los impuestos provinciales, como Ingresos Brutos o el Inmobiliario, no se ven afectados por estos anuncios. Y la fiscalización sigue firme, porque la obligación de tributar según la capacidad contributiva no cambió”.
A su vez, expresó preocupación por el mensaje confuso que puede derivarse de este tipo de anuncios: “Mientras no haya una norma sancionada por el Congreso, todo queda en un terreno incierto. Si una persona adhiere al régimen y luego se comprueba que utilizó fondos de origen ilícito, se le aplicará la normativa vigente. Esto no es una amnistía ni un nuevo orden fiscal. Lo único concreto es que ARCA deja de controlar. Párrafo aparte para la responsabilidad que asumen quienes deciden no reclamar impuestos evadidos”.
Para finalizar, Girard afirmó: “Desde ARBA vamos a seguir garantizando el cumplimiento tributario con las herramientas que nos otorga la ley. Nuestra tarea es asegurar que quienes tienen mayor capacidad económica tributen lo que corresponde. Esa es la única forma de construir un sistema justo y de recaudar con equidad para sostener políticas públicas que beneficien al conjunto de la sociedad”.
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