Escándalo en el PAMI: un intendente bonaerense radicó una denuncia penal por desmanejos en la obra social de los jubilados 

El intendente de la ciudad bonaerense de General Madariaga, Esteban Santoro, pidió investigar al PAMI, la obra social de los jubilados, por "asociación ilícita, cohecho, tráfico de influencias y fraude", en el marco de una presunta maniobra para quitarle al hospital municipal de esa ciudad unos 3000 beneficiarios y reasignarlos a una institución de atención privada, el Instituto Médico Madariaguense.

Se trata de la primera denuncia de un ejecutivo contra la obra social. En la demanda penal, presentada junto a la Unidad Fiscal de PAMI, además se indica que también se derivaron a ese centro médico afiliados de varios municipios cercanos. Ese movimiento de pacientes a centros privados implica también un jugoso giro de fondos. En el caso de Madariaga se habla de un monto en torno a 80 millones por mes y no necesariamente se prestan todos los servicios. En 2021, la entonces titular del PAMI, Luana Volnovich, fue apuntada por una situación similar que finalmente quedó anulada.

Según trascendió, el traspaso de cápitas también sucede en ciudades como Pinamar y Villa Gesell, donde hay funcionarios denunciados por esta cuestión, según reveló La Política Online.

Un abogado del municipio, Leandro Alonso, explicó que "las anteriores veces por lo menos tenían el decoro de mandarte una carta documento diciéndote que hubo reasignación de cápita. Esta vez ni avisaron y lo hicieron a mitad de mes, con lo cual gente que se estaba atendiendo en el hospital público quedó en el limbo para su atención".

"En la delegación local de PAMI esquivan el tema y se escudan en que para implementar una decisión de este tipo hacen falta permisos informáticos de arriba", añadió el letrado.

La lupa está apuntada hacia Mar del Plata, que abarca a Madariaga y en donde habría un manejo centralizado de la gestión a nivel regional que reportaría a Sebastián Pareja.

"El sistema informático de PAMI es muy específico, supuestamente tiene medidas de seguridad muy grandes que hacen que todo lo que se toca, quede. Y acá no se tocaron uno o dos afiliados sino cerca de 10 mil", dijo Alonso. Según analizó, "vos no pasas 10 mil cápitas de un día para el otro si no hay un nivel de responsabilidad sumamente alto para que esto suceda". En ese sentido, la parte denunciante busca la revisión de materiales informáticos. 

El supuesto desmanejo en la obra social dentro del territorio bonaerense procede a otro caso de similares características que se investiga en Jujuy por la derivación de afiliados del PAMI a una clínica que es propiedad de un diputado de La Libertad Avanza, Manuel Quintar. 

En el plano nacional, el titular de la obra social es Esteban Leguizamón, quien fue asignado por el ministro de Salud, Mario Lugones, referente del sector privado de la salud por su vinculación societaria con el sanatorio Güemes y con la consultora Move del asesor presidencial Santiago Caputo. 

El abogado de la comuna de Madariaga sentenció que "más manoseo al afiliado imposible de imaginar, sin pensar en que esto no se trata de una simple irregularidad". "Y le siguen pagando al Instituto por gente que no atiende y cuando se tiene que atender, como la atención es mala, pide volver a la Municipalidad", lamentó.