La Justicia federal solicitó a la Dirección Nacional de Migraciones que intensifique los controles de ingreso y egreso en aeropuertos y pasos fronterizos, con el fin de impedir una posible salida del país de Cristina Fernández de Kirchner tras su condena confirmada por la Corte Suprema.
La medida incluye mayor despliegue de personal en puntos clave, revisión exhaustiva de documentación migratoria y coordinación con sistemas de alerta como Interpol.
El objetivo es garantizar que, frente a eventuales movimientos internacionales de la ex presidenta, exista un sistema eficaz para su detección inmediata.
La solicitud judicial no implica impedimentos formales, pero sí busca reforzar mecanismos de vigilancia migratoria con criterios de seguridad y legalidad sólidos.
Cabe destacar que Fernández de Kirchner pidió, a través de su abogado defensor, Alberto Beraldi, cumplir la pena en su casa. Está en manos de la Justicia el veredicto final.
Pepín, el caso ejemplo
Un caso que guarda una curiosa comparación es el de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, exasesor de Mauricio Macri, quien fue declarado en rebeldía en mayo de 2021 en Uruguay, donde se refugió para evitar su indagatoria por presunta extorsión al Grupo Indalo.
Durante más de tres años estuvo prófugo, con alerta de captura, y tramitando asilado político en el vecino país. Sin embargo, en mayo de 2024 la jueza federal María Servini le otorgó la eximición de prisión, condicionando su regreso a la Argentina al pago de una caución de $3.120 millones y a una serie de medidas: comparecencia mensual, prohibición de salir del país y entrega de pasaporte.
La Cámara Federal validó esa decisión, al considerar que su situación era “procesalmente atípica” y que no representaba un riesgo concreto de fuga.
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