La Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires presentó ayer ante la Justicia una nota formal para expresar su “preocupación” por el otorgamiento a la ex presidenta Cristina Kirchner prisión domiciliaria en su departamento de la calle San José y Humberto Primo, al advertir sobre los presuntos los “efectos negativos” que ocasionaría para una zona de alto tránsito de vehículos y personas.
Antes de la decisión del juez, la Procuración, siguiendo “instrucciones del jefe de Gobierno Jorge Macri”, dijo que una eventual prisión domiciliaria “afectaría gravemente la movilidad, la seguridad y la prestación de servicios esenciales en una zona de alta densidad y tránsito” como lo es el barrio de Constitución.
“La Ciudad advierte que ya se están registrando concentraciones, cortes de calles, ruidos molestos y sobrecarga operativa desde que se confirmó la condena de la exmandataria” y solicita “medidas excepcionales para garantizar el orden público y los servicios urbanos, con intervención conjunta de las autoridades nacionales y locales”.
El texto está dirigido al presidente del Tribunal Oral Federal n°2, Jorge Gorini, quien tuvo a su cargo la decisión final sobre otorgar o no la prisión domiciliaria a la exmandataria, y fijar en qué lugar cumplirá la pena de seis años de prisión a la que fue condenada junto con la inhabilitación a perpetuidad para ocupar cargos públicos.
El escrito sostiene que pese a que el TOF2 ordenó una “una inspección detallada” del estado edilicio, entorno barrial, flujo vehicular y peatonal, viviendas linderas y seguridad, esto se hizo requiriendo informes “sólo a organismos federales, sin dar intervención a la autoridad local competente”.
“El inmueble ofrecido para cumplir la prisión domiciliaria se ubica en una zona estratégica del barrio Constitución, con alta concentración vehicular y peatonal, conectando arterias vitales de la Ciudad, donde se registrarán “graves y sostenidas afectaciones en caso de autorizarse la prisión domiciliaria”.
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