Denuncia contra el juez federal Ramos Padilla

La organización no gubernamental “Será Justicia”,presentó ayer ante el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación una denuncia contra el juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla y otra contra su padre, Juan María Ramos Padilla, presidente del Tribunal Oral Criminal Nº29 de la Ciudad de Buenos Aires. La entidad apuntó contra ambos magistrados por la realización de declaraciones públicas sobre el fallo de la Corte que ratifica la condena a Cristina Kirchner, consideradas “impropias” y “violatorias” del reglamento judicial de la Nación.

La entidad que integra la dirigente y extitular de la Unidad de Información Financiera (IUF) María Eugenia Talerico pidió, en el marco de las dos presentaciones realizadas, una sanción disciplinaria para ambos magistrados.

En la denuncia se advierte que José María Ramos Padilla sostuvo en medios de comunicación que el fallo que la emitió la semana pasada la Corte Suprema sobre la causa Vialidad fue “un mamarracho” y toda la instrucción, “un desastre, se la privaron de muchos derechos a Cristina. No se probó que haya una vinculación entre ella y el hecho concreto que se le imputa”.

Y sostiene que el juez de la Ciudad de Buenos Aires añadió que los magistrados del máximo tribunal “no son jueces, son atorrantes. Y son los amanuenses de (Héctor) Magnetto”.

La segunda denuncia, formulada contra el titular del juzgado federal Nº de La Plata, Alejo Ramos Padilla (hijo del primero), a la que tuvo acceso EL DIA, señala que el magistrado declaró públicamente que prefiere hablar de “Poder Judicial” y no de “Justicia” porque “tenemos un Poder Judicial deslegitimado y debemos tener en cuenta las consecuencias de cada decisión”.

Y lo acusa de haber afirmado que “una Corte Suprema que acepta en su sala de acuerdos a alguien designado por un mecanismo contrario a lo previsto por la Constitución y expresamente buscado por la reforma (constitucional) de 1994, carece de legitimidad”. Y que “lleva adelante procesos que evidencian un poder judicial condicionado”.

Con esos fundamentos, entre otros, la ONG solicitó la aplicación de sanciones disciplinarias.