YPF: investigan fuga de datos clave y “traiciones” en el Estado

La Casa Rosada dio la orden de desplazar a funcionarios de la Procuración del Tesoro luego de haber detectado presuntas filtraciones y posibles ventas de información confidencial vinculadas a la causa por la estatización de YPF, que enfrenta al Estado argentino con el fondo Burford Capital en tribunales de Nueva York.

Aunque reina el hermetismo sobre cómo surgieron las sospechas, fuentes oficiales reconocen que se investigan maniobras internas en la Procuración, el organismo que ejerce la defensa jurídica del Estado. “Creemos que hubo venta de información”, aseguró una fuente del Gobierno.

La preocupación escaló en las últimas semanas, cuando detalles de la estrategia legal argentina comenzaron a trascender sin autorización de las máximas autoridades del organismo. Se trata de datos extremadamente sensibles, cuya filtración podría comprometer la posición del país en litigios multimillonarios.

POSIBLES VÍNCULOS CON BURFORD

Si bien el Gobierno evita confirmar públicamente el alcance del daño, no se descarta que la información haya llegado a manos de los fondos litigantes beneficiados por fallos adversos contra la Argentina, como Burford Capital.

En 2023, Burford consiguió en primera instancia un fallo de la jueza Loretta Preska que condenó al Estado argentino a pagar 16.000 millones de dólares por la expropiación considerada irregular de la petrolera. Ahora, busca quedarse con el 51% de las acciones que el Estado posee en YPF.

PURGAS Y REESTRUCTURACIÓN

Como consecuencia del escándalo, el Procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla -quien llegó al cargo impulsado por el entorno de Santiago Caputo en el gobierno de Javier Milei- ordenó una disolución de áreas internas y prepara una reestructuración profunda.

“Castro Videla está haciendo una purga. Estamos hablando de un organismo que maneja causas que cuestan muchos millones de dólares”, remarcaron desde la Casa Rosada.

Ayer se publlcó un comunicado oficial detallando los cambios en la estructura del organismo. “La Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) pone en marcha inmediata una profunda reestructuración institucional para eficientizar su funcionamiento operativo y contribuir a la reducción del gasto público, en el marco de los lineamientos establecidos por la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, orientada a consolidar una administración pública más ágil, moderna y efectiva”, explicaron.

Así, en horas de la tarde de ayer la Procuración del Tesoro Nacional anunció una fuerte reestructuración que incluyó el despido de más de 60 funcionarios y la reducción de áreas técnicas.

Los cambios se dieron luego de que la Casa Rosada descubriera filtraciones y que dejara trascender fuertes sospechas de venta de información de empleados del Estado en el marco del juicio por la expropiación de YPF.

Sin embargo, el organismo no hizo ninguna referencia a esos hechos en el comunicado en el que anunció los cambios. Sí, habló de que se eliminaron “lujos jerárquicos”.

La PTN, la encargada de gestionar la causa por YPF y otras en estrados internacionales, destacó que realiza un “recorte histórico de personal con más de 60 desvinculaciones y una drástica reducción de áreas técnicas” que pretende “fortalecer la eficiencia operativa del organismo, garantizar un uso responsable de los recursos y adecuar su estructura a los principios de austeridad, profesionalismo y resultados concretos”.

La Procuración que detalla que ya redujo su personal en más de un 20% desde la llegada de esta gestión en febrero del 2025 –el titular anterior durante este Gobierno fue Rodolfo Barra– pasará de seis a cuatro Direcciones Nacionales y disolverá la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado. “Esto último, para limitar la tarea de capacitación del organismo estrictamente al fortalecimiento de la Abogacía Pública y la difusión de la doctrina jurídica de la PTN. Esta tarea será asumida por un centro que contará con menos de un tercio del personal con el que contaba la Escuela y que sostenía la vieja administración”, se explicó.

“Entre los principales cambios se destaca la reducción de unidades jerárquicas innecesarias, la reorganización de funciones superpuestas y la reasignación de competencias estratégicas. Con una nueva política de ahorro y reasignación de recursos se han reducido desde el inicio de la gestión las comitivas y gastos en viajes oficiales”, agregó la PTN.

CAUSA CUPÓN PBI

La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York confirmó un fallo favorable a la Argentina en una demanda millonaria presentada por el fondo Aurelius Capital y otros bonistas, quienes reclamaban al país un presunto incumplimiento en el pago del cupón del PBI en 2013.

La decisión ratificó el fallo de primera instancia de la jueza Loretta Preska, que había desestimado el caso por motivos técnicos.

Se trata de uno de los tres juicios en tribunales estadounidenses por los denominados cupones del PBI en su versión en dólares. En este caso, los demandantes exigían una compensación de 450 millones de dólares, bajo el argumento de que se había alterado de forma indebida el método de cálculo del crecimiento económico para evitar disparar los pagos atados al Producto Bruto Interno.

Sin embargo, la Cámara de Apelaciones del segundo circuito de Nueva York sostuvo -al igual que lo había hecho Preska en su momento- que los fondos no cumplieron con una cláusula contractual conocida como No Action Clause, que establece una serie de requisitos que los bonistas deben respetar antes de iniciar acciones judiciales.

Por esa razón, el tribunal ni siquiera analizó el fondo de la cuestión, es decir, si efectivamente hubo o no manipulación de datos por parte del INDEC durante el kirchnerismo.

“La cláusula de no acción del Global Security impide que este juicio proceda”, señala el fallo firmado por los jueces Steven J. Menashi, Alison J. Nathan y Catherine Polk Failla. Esta última magistrada es la misma que suspendió de manera temporal la entrega de acciones en el marco de la causa por la expropiación de YPF.

LEA TAMBIÉN

Apoyo clave de Trump al país por el conflicto judicial con la petrolera