Apoyo clave de Trump al país por el conflicto judicial con la petrolera

El escándalo por las filtraciones se conoció casi en simultáneo con el nuevo apoyo del Gobierno de Estados Unidos a la postura argentina en la causa YPF.

El Departamento de Justicia norteamericano presentó un escrito ante la Corte de Apelaciones de Nueva York, en el que sostiene que obligar a la Argentina a entregar su participación accionaria en YPF violaría leyes de inmunidad soberana. “La medida cautelar y la orden solicitadas por los demandantes que exigen a Argentina sobre su propiedad soberana ubicada en su propio territorio violarían leyes de inmunidad soberana y no deberían ser concedidas por la Corte”, señala el documento firmado por David E. Farber, asistente del fiscal de EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York.

Este apoyo no es nuevo. Ya en octubre pasado, durante la presidencia de Joe Biden, Washington había solicitado desestimar el pedido de Burford, advirtiendo sobre el riesgo de que los tribunales estadounidenses se excedan en su competencia sobre bienes soberanos de otros Estados.

Pese al respaldo de Washington, la juezaLoretta Preska ya desoyó en el pasado las recomendaciones del Gobierno estadounidense. Hace apenas diez días, dispuso el traspaso de las acciones de YPF, aunque esa decisión se encuentra apelada.

La estrategia argentina busca ahora sumar nuevos apoyos internacionales. Según trascendió, Cancillería y la Procuración exploran la posibilidad de que países como Uruguay, Paraguay, El Salvador, Italia, Francia y Alemania se presenten también como amicus curiae para fortalecer la posición argentina en la Corte de Apelaciones.

Expertos advierten que el respaldo de EE.UU. podría servir para frenar medidas inmediatas contra la Argentina, aunque no garantiza un revés definitivo del millonario fallo.

En paralelo, el alineamiento político entre Milei y Trump podría allanar el camino para acelerar este tipo de respaldos. Aunque el Departamento de Justicia ya había tomado posición a favor del país el año pasado, esta nueva intervención ocurre en un contexto de mayor afinidad entre ambas administraciones.

“El Gobierno de Estados Unidos busca influir en la Corte de Apelaciones para que suspenda la ejecución del fallo mientras se tramita la apelación”, analizó Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors. Sin embargo, aclaró que el respaldo no abarca por ahora el monto de U$S16.100 millones ni implica necesariamente impedir la entrega de las acciones.

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