El escándalo de la contadora de La Plata: el esquema financiero, bajo el radar de la Justicia

La contadora Natalia Romina Foresio se encuentra también imputada en otra causa federal, que corre bajo el número 4728 de 2019, en la cual la Cámara de Apelaciones del fuero dispuso su procesamiento por considerarla responsable del delito de “asociación ilícita fiscal”.

Sobre ese antecedente, la Fiscalía expresó que “se trata de una maniobra que guarda características similares con los hechos que se le reprochan a Foresio en este caso y habría tenido lugar, en principio, de forma previa. Esta circunstancia objetiva resulta ser un elemento más asociado a los riesgos procesales, que debe ser tenida en consideración por el Señor Juez y que, consecuentemente, corresponde neutralizar para asegurar los fines del proceso”.

Como se sabe, la Justicia sostiene que la contadora “habría emitido comprobantes apócrifos con el fin de generar crédito fiscales en cabeza de contribuyentes para respaldar la emisión de facturas electrónicas con el fin de no generar saldos a pagaren el IVA y Ganancias”.

Asimismo considera que “llevó a cabo la intermediación financiera no autorizada por más de $40.000.000.000 y casi U$S 2.000.000 y hechos vinculados con la puesta en circulación de dinero obtenido ilícitamente”.

Respecto de los demás sospechosos, hay que mencionar a Claudia Mariela Soria y a su esposo, Hugo Fernando Gatti, quienes por ahora están en libertad, pese a que aparecerían integrando distintas empresas vinculadas al entramado espurio de la facturación apócrifa por miles de millones de pesos.

Con la excusa de que su medio de vida era manejar un tractor y hacer tareas de campo, alejadas de cualquier cuestión de índole financiera, igualmente para el juez Kreplak aún deben dar cuenta de sus actos, porque habría serias inconsistencias en sus relatos que merecen seguir bajo análisis.

Cabe recordar que estos dos últimos sí aceptaron declarar y, en cierta medida, deslindaron responsabilidades en la contadora y su marido.

La investigación judicial, nacida de una denuncia de ARCA, ya tiene procesados, embargos, CUITs inactivos y una lista de más de 140 personas físicas y jurídicas bajo la lupa.

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