YPF: rechazan suspender la entrega de acciones, otro revés para Argentina

La jueza Loretta Preska, del tribunal del Distrito Sur de Nueva York, rechazó el pedido del Estado argentino para suspender la entrega de las acciones de YPF al fondo Burford Capital, en el marco del juicio por la expropiación de la petrolera concretada en 2012. La decisión representa un nuevo revés judicial para la Argentina, que enfrenta una condena por más de 16.000 millones de dólares y una cuenta regresiva que podría derivar en un escenario de desacato si no cumple con el fallo.

Preska fue contundente en su resolución, al afirmar que el país “no realizó ningún esfuerzo para satisfacer las condiciones impuestas” que le hubieran permitido obtener una suspensión del fallo sin ofrecer garantías. Incluso, le reprochó haber utilizado tácticas dilatorias para “eludir sus obligaciones” y consideró que cualquier daño que alegue Argentina es consecuencia directa de su propia conducta.

Extensión del plazo y advertencia por desacato

El fallo se conoció ayer, fecha original establecida por la jueza para que Argentina cumpliera con el depósito en custodia del 51% de las acciones de YPF en un banco de Nueva York. Sin embargo, en la resolución, Preska extendió ese plazo tres días más, hasta el jueves (17 de julio), para permitir que la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito tenga margen para pronunciarse sobre el pedido argentino de frenar la ejecución.

La jueza dejó abierta la posibilidad de que los demandantes soliciten que se declare en desacato al país si no entrega las acciones antes de esa fecha. Aunque esa definición aún no es automática, el impacto de una eventual declaración de desacato podría ser significativo.

Una causa que acumula intereses millonarios

El antecedente inmediato es la sentencia de septiembre de 2023, en la que la propia Preska condenó a la Argentina a pagar US$ 16.100 millones por la expropiación de YPF sin la correspondiente oferta pública de adquisición, tal como exige la ley de Estados Unidos. A esa cifra se le sumaron intereses acumulados que, según estimaciones del fondo, ascienden a más de US$ 1.600 millones, lo que representa unos tres millones diarios.

La estrategia del fondo Burford, que en 2015 adquirió los derechos a litigar en nombre de la quebrada Petersen Energía —antiguamente controlada por la familia Eskenazi—, se sostiene sobre la acusación de que Argentina no ofreció garantías ni cumplió las condiciones mínimas impuestas por el tribunal para acceder a la suspensión del fallo.

La postura del Gobierno

El Gobierno argentino ya presentó su apelación ante la Cámara del Segundo Circuito y, según fuentes oficiales, está dispuesto a continuar el litigio hasta la Corte Suprema de Estados Unidos si es necesario. La estrategia apunta a ganar tiempo y preservar margen de maniobra en un contexto económico y político complejo.

“La última vez que Argentina estuvo en desacato ya estaba en default. El contexto internacional era distinto. Hoy el país busca regresar a los mercados y eso puede cambiar mucho el impacto reputacional”, advirtió Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors.

Burford, por su parte, ha manifestado su disposición a negociar una quita si se llega a una resolución rápida. Sin embargo, el Gobierno ha cerrado por ahora esa puerta, decidido a agotar todas las instancias judiciales.

Además, hoy se realizará una audiencia entre las partes, convocada por la jueza Preska en su tribunal de Nueva York. La cita busca avanzar en la entrega de información sobre posibles “alter ego” del Estado argentino, como Aerolíneas Argentinas, Arsat, Enarsa y el Banco Central, lo que podría derivar en embargos adicionales si Argentina no cumple con el fallo.

En simultáneo, sigue su curso la causa madre que condena al país a pagar la indemnización por la expropiación. Según especialistas, esa apelación podría tardar hasta 2026 en resolverse, lo que refuerza la presión sobre el Ejecutivo para encontrar una salida en el corto plazo.

Burford manifestó su disposición a negociar una quita si se llega a una resolución rápida