Suspensión preventiva de la orden que obligaba entregar el 51% de las acciones de YPF

En un giro trascendental para el caso que enfrenta a Argentina con los fondos litigantes por la expropiación de YPF, la Cámara del Segundo Circuito de Nueva York dispuso este martes la suspensión preventiva de la orden que obligaba al país a entregar el 51% de las acciones de la petrolera estatal. La medida representa un alivio judicial y político para el Gobierno nacional, que venía enfrentando la amenaza inminente de desacato y la posible pérdida del control accionario de la compañía.

La decisión del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos se da como respuesta a la apelación presentada por el Estado argentino contra la sentencia de la jueza Loretta Preska, quien el pasado 30 de junio había ordenado el traspaso forzoso de las acciones en manos del Estado a los demandantes, en el marco del juicio por la estatización de la petrolera en 2012. El caso implica una potencial condena millonaria de 16.000 millones de dólares.

La suspensión administrativa no implica todavía un fallo definitivo, pero sí frena el cumplimiento de la orden judicial de Preska mientras se evalúa si corresponde otorgar una suspensión formal durante el proceso de apelación. En términos concretos, ya no corren las 72 horas de plazo que se le habían dado a Argentina para entregar los títulos bursátiles y, por lo tanto, desaparece el riesgo inmediato de ser declarada en desacato.

Desde la Procuración del Tesoro celebraron la medida como una “gran victoria a favor de la soberanía argentina”. “En principio (la suspensión es) por tiempo indeterminado hasta que la decisión de fondo sea fijada por un tribunal que será convocado”, explicaron desde el organismo que encabeza Rodolfo Barra.

El tribunal fijó además un calendario clave: los demandantes deberán presentar su oposición a la apelación el jueves 18 de julio, mientras que Argentina tendrá tiempo para responder hasta el martes 22. A partir de ahí, el panel de jueces del Segundo Circuito evaluará si mantiene la suspensión hasta que se resuelva el recurso principal.

La causa, iniciada por los fondos Burford Capital y Eton Park, se basa en la manera en que se llevó adelante la estatización de YPF durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Los demandantes alegan que se violaron estatutos societarios y reclaman una indemnización multimillonaria, que Argentina está intentando evitar a través de instancias de apelación.

Con esta resolución, el Gobierno gana tiempo para defender su postura jurídica, evita una pérdida política de gran magnitud -la entrega del control accionario de su principal petrolera- y suma un capítulo favorable en una disputa que sigue siendo estratégica para las finanzas, la soberanía energética y el futuro institucional del país.