Jueces federales de inmigración despedidos por el gobierno del presidente Donald Trump han comenzado a presentar apelaciones, interponer acciones legales y hablar en una campaña inusualmente pública para contraatacar.
Más de 50 jueces de inmigración —desde líderes de alto nivel hasta nuevos nombramientos— han sido despedidos desde que Trump asumió la presidencia por segunda vez. Normalmente atados por el decoro de la sala de audiencias, muchos hablan ahora sin restricciones al describir despidos que consideran ilegales y por qué creen que fueron blanco de ellos.
Entre las presuntas razones mencionan la discriminación de género, decisiones en casos de inmigración destacados por el gobierno de Trump e incluso un recorrido por el tribunal con el segundo demócrata más importante del Senado.
“Me importaba mi trabajo y era realmente buena en él”, dijo Jennifer Peyton, una exjueza supervisora. “Esa carta que recibí, las tres frases, no explicaban ninguna razón por la que fui despedida”.
Peyton, quien recibió el aviso mientras estaba de vacaciones con su familia el 4 de julio, fue nombrada jueza en 2016. Consideraba que era su trabajo soñado. Más tarde, fue nombrada jueza adjunta en jefe de inmigración en Chicago, y ayudó a entrenar, asesorar y supervisar a los impartidores de justicia. Era una presencia visible en el concurrido tribunal del centro, donde saludaba a los observadores externos.
La exjueza mencionó sus evaluaciones de desempeño de primer nivel y dijo que no enfrentó ninguna acción disciplinaria. Señaló que apelará a través de la Junta de Protección del Sistema de Mérito, una agencia gubernamental independiente que Trump también ha atacado.
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