En medio de la encrucijada en la que está metida la Justicia, que no puede resolver o detectar a tiempo las falsas denuncias, existen dos proyectos de ley impulsados uno por la senadora Carolina Losada (Unión Cívica Radical) y otro por la diputada Lilia Lemoine (La Libertad Avanza), que buscan aumentar las penas por denuncias falsas, falso testimonio y encubrimiento, específicamente cuando se trata de hechos vinculados con violencia de género, delitos contra la integridad sexual o menores de edad.
También la propuesta del abogado penalista platense Marcelo Peña, quien incluye la posibilidad de detención para quienes incurran en este delito, incluso si fueron mal asesoradas.
“Una mujer que miente en una denuncia debe responder por el daño ocasionado, no solo a su pareja sino también a los hijos, que quedan atrapados en un entramado psicológico cruel que afecta su desarrollo cognitivo”, explicó.
Para Peña “se ha naturalizado un sistema que opera bajo la lógica del camaraje entre psicólogos y peritos, generando una cadena de injusticias invisibles pero devastadoras”, concluyó.
En la Argentina, se estima que de cada 1000 abusos sexuales infantiles que se cometen solo 100 se denuncian y apenas uno recibe condena.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que una de cada cinco niñas y uno de cada 13 niños son víctimas de abusos sexuales. Pero solo tres de cada 10 rompen el silencio y piden ayuda, según datos de Unicef.
Las cifras del Ministerio Público Fiscal indican que la mitad de las denuncias por este delito se archivan sin que existan medidas de prueba. Directamente no se investigan. La incidencia es del 60 por ciento si la víctima tiene menos de cinco años.
Aunque hay un dato que resulta relevante: la incidencia de las denuncias falsas casi se duplica y llega a ser de un 6 por ciento entre aquellas que llegan durante un proceso de divorcio conflictivo.
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