El Instituto de Pedagogía Especial (IPE) de La Plata atraviesa un momento crítico para mantener sus puertas abiertas a los más de 180 niños y adultos con discapacidad que estudian allí. La urgencia implica un posible cierre, dejando a decenas de grandes y chicos sin educación y lugar de contención.
IPE está integrada por la Escuela “Ana Sullivan”, ubicada en 41 entre 19 y 20, y el centro de día, ubicado en 7 entre 643 y 645. Brindan educación especial desde los 45 días a los 21 años con talleres laborales en gráfica y gastronomía, atención interdisciplinaria -fonoaudiología, terapia ocupacional, psicopedagogía-, espacios terapéuticos con actividades como huerta, teatro y musicoterapia. Además, tiene un convenio odontológico con el Hospital Bollini para la atención a pacientes con discapacidad.
Está situación delicada que atraviesa la institución, contó una de las docentes a Diario EL DIA, es “un problema financiero y económico: tenemos una deuda importante con AFIP y la problemática es económica, que se agravó este último año. Necesitamos la colaboración económica de todos”.
IPE se sostiene, indicó la directora, con “el aporte de las obras sociales”: “Es una asociación sin fines de lucro, no está destinada a ganar dinero. Como la mayoría de los alumnos tienen IOMA y las prestaciones de IOMA están atrasadas, lo que ingresa por alumno no nos alcanza para cubrir los gastos ni de salarios, servicios básicos y más. Es un momento crítico”.
Por ello, recurren a los vecinos de La Plata para “que las personas con discapacidad tengan un lugar adecuado”. Quiénes quieran o puedan donar, pueden hacerlo a: Banco Provincia N° 2000-40718/4 CBU: 0140999801200004071843 Alias: IPE.DONA . Por otro lado, se puede ayudar “compartiendo testimonios en redes sociales (@ipelaplata) u organizar eventos benéficos”.
“El posible cierre de los servicios que brinda el IPE podría afectar a más de 180 beneficiarios directos, los alumnos, y dejaría sin empleo a 70 trabajadores. Su labor, esencial en la educación, inclusión y asistencia de personas con discapacidad, requiere una respuesta inmediata de las autoridades para actualizar mecanismos de financiamiento, flexibilizar restricciones legales y garantizar la continuidad de sus servicios. La urgencia radica no solo en números, sino en el impacto humano y social que representa su existencia”, cerraron.
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