Combustibles y ATN: la oposición presiona mientras gobernadores "dialoguistas" esperan una señal

La Cámara de Diputados será escenario esta semana de una nueva ofensiva opositora que buscará dictaminar los proyectos impulsados por los gobernadores, incluidos los dialoguistas, y resistido por la Casa Rosada.

La idea es votar esas iniciativas junto con el rechazo a los vetos de las leyes jubilatorias y de discapacidad, en una sesión que impulsará para dentro de diez días.

El conglomerado opositor integrada por Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica volverá a desafiar al Gobierno luego de los cuestionamientos del presidente Javier Milei a éstas fuerzas políticas. La intención de la oposición es emitir dictamen mañana mismo sobre la emergencia en materia de ciencia, el plan de salud para prevenir el Alzheimer y, fundamentalmente, los proyectos de reforma de la distribución del impuesto al combustible y de la coparticipación de los ATN.

Luego de haber aprobado el miércoles pasado los emplazamientos, que habilitan el tratamiento de los proyectos propiciados por los gobernadores para poder tratarlos el 20 de agosto, los bloques opositores quieren tener firmados los despachos.

Fuentes parlamentarias señalaron que un sector de la oposición quiere atar la sanción de los proyectos de combustibles y ATN a que los gobernadores se comprometan a respaldar los vetos que dictó el presidente Javier Milei al aumento de las jubilaciones y la emergencia de discapacidad. Por ese motivo, los bloques opositores harán una fuerte presión sobre los gobernadores y en especial hacia aquellos que integran el “Grito Federal” que son los de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, de Córdoba, Martin Llayorda, de Chubut, Ignacio Torres, de Jujuy, Carlos Sadir, y de Santa Cruz, Claudio Vidal, para que sus legisladores rechacen los vetos.

De igual modo, los gobernadores "dialoguistas" Ricardo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Leandro Zdero (Chaco) y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, esperan una señal del Gobierno nacional que de alguna manera los deje al margen de tener que optar por los intereses de sus provincias o el acuerdo electoral sellado recientemente con los libertarios.

De todas maneras hasta ahora los opositores no logran reunir los dos tercios para mantener la ley que aumenta en 7,2 por ciento las jubilaciones, el bono de 70 a 110 mil pesos, ni la prórroga de la moratoria, y por eso motivo no impulsaron en la última semana el debate sobre los vetos.

La actividad se iniciará hoy con la discusión en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones Poderes y Reglamento, que presiden el libertario Nicolás Mayoraz y la macrista Silvia Lospennato, para emitir dictamen de una nueva resolución para destrabar el funcionamiento de la comisión investigadora sobre la megaestafa Libra, mientras que mañana la mirada estará puesta en las dos reuniones de la comisiones de Presupuesto, que preside José Luis Espert (LLA), para tratar los proyectos aprobados por el Senado sobre ATN y combustibles.

El proyecto que propone reformar la distribución del impuesto a los combustibles aspira repartir ese tributo de la siguiente manera: un 14,29% para el Tesoro Nacional, un 52,02% para las provincias y un 28,69% para el Sistema Unico de Seguridad Social.

De acuerdo a esa iniciativa, los fondos de las provincias se repartirán un 25% entre las jurisdicciones y el 75% según los índices de coparticipación.

Hasta ahora, el 10,4 por ciento va a las provincias, el 28,69 a la ANSeS, y el 24,29 al Tesoro, y el resto se usaba para sostener determinados fondos fiduciarios que hoy se eliminaron, con lo cual esos recursos quedaron en manos de la Nación.

En el proyecto sancionado también se eliminan los fondos fiduciarios de Infraestructura de Transporte , del Sistema Vial Integrado, Compensador del Transporte, Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior y Nacional de la Vivienda.

Con respecto a los ATN, el proyecto propone un cambio en la ley de Presupuesto para se incorporen a la masa coparticipable y se distribuyan de acuerdo a la Ley de Coparticipación en forma automática y todos los días.

En sus fundamentos se señala que “son recursos con afectación específica que administra el Gobierno nacional, pero que no son propios. Ante ello surge indubitablemente que el cambio normativo propuesto no afecta las finanzas públicas nacionales”.