El Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, apuntó contra Patricia Bullrich y José Luis Espert por sus dichos en contra del operativo policial del encuentro entre Independiente y Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana.
“Conmebol y FIFA determinan desde hace años los partidos con hinchadas visitantes. Desconoce la aplicación de cualquier tipo de reglamento. El concepto de hinchada visitante del que habla tiene que ver solo con los torneos locales”, manifestó el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires en su mensaje de X.
Alonso argumentó: “todos los protocolos que corresponden al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y a la APreViDe fueron controlados, supervisados y aprobados” En el cierre de su respuesta dirigida hacia Bullrich, el funcionario bonaerense lanzó una fuerte chicana política: “Tantos años cerca de su amigo Mauricio Macri (autoridad de FIFA) la autorizan para consultarle sobre protocolos y medidas que evidentemente desconoce”.
Por otra parte, Alonso no se quedó atrás y salió al cruce con Espert, quien acuso de inoperante al entorno del gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.
El Ministerio de Seguridad bonaerense remarcan que no se puede poner en la misma bolsa a las familias que asisten a los estadios con un pequeño grupo de violentos. La gran mayoría del público que concurre a los partidos lo hace de manera pacífica, sin haber estado expuesta a situaciones de riesgo ni sufrir lesiones.
“Se actuó como se debe actuar. La responsabilidad de la Conmebol y del club es una, y la de la Policía de la Provincia de Buenos Aires es otra. Y, como siempre, hacemos todo con enorme profesionalismo”, cerro su respuesta para José Luis Espert.
Más allá de la controversia política, el episodio volvió a poner sobre la mesa el delicado debate sobre cómo garantizar la seguridad en espectáculos masivos. El enfrentamiento entre la oposición y el oficialismo refleja, además, cómo el fútbol se convierte en terreno de disputa discursiva, donde la gestión de la seguridad se mezcla con el juego de la política.
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