Causa Vialidad: Cristina Kirchner y los demás condenados deberán pagar $685.000 millones

La Cámara Federal de Casación Penal dio un nuevo paso en la consolidación de la Causa Vialidad, el expediente que investigó el direccionamiento de contratos de obra pública en Santa Cruz a favor de Lázaro Báez durante los gobiernos kirchneristas. En un fallo unánime, la Sala IV —integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña— confirmó que Cristina Kirchner y los demás condenados deberán pagar solidariamente $684.990.350.139,86 en concepto de decomiso, como reparación económica al Estado.

El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), que en diciembre de 2022 condenó a la expresidenta a seis años de prisión por administración fraudulenta, había fijado inicialmente el perjuicio económico en unos $85.000 millones. Sin embargo, los peritos contadores de la Corte Suprema recalcularon la suma para actualizarla a valores actuales y arribaron a los casi $685.000 millones.

La defensa de Cristina Kirchner objetó ese cálculo y presentó un informe propio, que estimaba el decomiso en $42.494 millones. También reclamó suspender la ejecución de la medida. A esa estrategia se sumaron los abogados de Lázaro Báez, del exsecretario de Obras Públicas José López y de Mauricio Collareda, todos con condena firme.

Los camaristas, no obstante, descartaron esos planteos. Señalaron que los informes oficiales “garantizan independencia, imparcialidad y solidez metodológica”, mientras que los informes de parte “carecían de sustento suficiente”. Además, remarcaron que la condena quedó firme en junio pasado, tras la intervención de la Corte Suprema, lo que clausura cualquier debate sobre la procedencia o el monto del decomiso.

Una obligación legal y política

El fallo recordó que el decomiso “es una consecuencia legal e imperativa de la condena penal prevista en el artículo 23 del Código Penal”. En otras palabras, no se trata de una sanción optativa, sino de una obligación establecida por ley y reforzada por los compromisos internacionales asumidos por Argentina en la lucha contra la corrupción.

La resolución tiene, además, una fuerte carga simbólica: reafirma que la Justicia no solo debe imponer penas de prisión por delitos de corrupción, sino también buscar la reparación patrimonial del daño causado al Estado. En este sentido, constituye un antecedente relevante para otros procesos judiciales en curso.

La ejecución de bienes

Con esta decisión, quedó despejado el camino para que el juez Jorge Gorini, responsable de la ejecución de la pena, avance en la liquidación de bienes embargados. El fiscal general Diego Luciani ya presentó un inventario que incluye 20 inmuebles de Cristina Kirchner y 89 propiedades de Lázaro Báez, además de otros activos de los condenados.

El objetivo es cubrir, en la medida de lo posible, el monto del decomiso. Se trata de una cifra inédita para la justicia argentina, que difícilmente pueda ser recuperada en su totalidad, pero cuya ejecución parcial busca marcar un precedente claro.

El trasfondo político

La confirmación del decomiso se da en un contexto en el que Cristina Kirchner ya purga una condena a seis años de prisión por administración fraudulenta, mientras enfrenta otros procesos vinculados a presuntos hechos de corrupción. La decisión de Casación, que refuerza la firmeza de la sentencia, llega además en un momento de especial tensión política, con la expresidenta detenida y con su sector intentando sostener influencia dentro del peronismo.

Para los jueces, el fallo tiene un componente técnico indiscutible: cerrar un debate que la Corte ya había clausurado. Para la oposición, en cambio, el pronunciamiento constituye una ratificación del esquema de corrupción que denunció durante años y que ahora queda plasmado en números concretos.

La postura de la fiscalía

En paralelo, el fiscal general Mario Villar había rechazado la semana pasada los planteos de la defensa. Calificó de “tergiversado” el análisis presentado por el abogado de Cristina, Carlos Beraldi, y recordó que el monto del decomiso fue discutido en todas las instancias procesales: juicio oral y público, recurso de casación y revisión extraordinaria. “Es extemporáneo volver sobre esa discusión”, afirmó.

La Cámara de Casación avaló esa posición y ratificó que no solo el monto es correcto, sino también la fórmula de actualización que lo llevó a escalar de $85.000 millones a casi $685.000 millones.

El decomiso confirmado es uno de los más altos dictados por la justicia argentina en una causa de corrupción. Su cumplimiento exigirá un complejo proceso de ejecución patrimonial, con subastas de bienes y embargos que podrían extenderse durante años.

Más allá de su viabilidad económica, la resolución marca un hito judicial y político: la ratificación de que la corrupción en la obra pública durante el kirchnerismo tuvo consecuencias penales concretas y ahora también patrimoniales.