Aunque el Gobierno nacional había anunciado la normalización de la entrega de patentes desde septiembre, la realidad en las calles aún dista mucho de lo esperado. Más de 600.000 vehículos, entre autos, motos y camionetas, circulan sin su matrícula oficial.
Esta situación, que afecta a diversas regiones del país, no solo genera inconvenientes administrativos, sino también complicaciones técnicas y legales que repercuten en la seguridad vial. A pesar de que algunos autos poseen patentes provisionales en papel, estos carteles están expuestos al desgaste del tiempo y no siempre son reconocidos por los sistemas de control de tránsito, como cámaras de fotomultas o lectores en accesos a autopistas.
Además, la normativa vigente exige matrículas reglamentarias y metálicas, lo que ha generado tensiones legales en ciertos operativos de tránsito.
El problema se originó en 2023, cuando las restricciones a las importaciones complicaron el ingreso de insumos necesarios para fabricar las patentes, y la interrupción de la producción en la Casa de la Moneda empeoró la situación. En 2025, el fuerte repunte en las ventas de autos nuevos evidenció aún más el atraso, con vehículos recién adquiridos que nunca recibieron su placa metálica.
Pese a que el Ministerio de Justicia asegura que el inconveniente está superado gracias a una reforma estructural y la habilitación de proveedores privados, en las rutas aún persisten cientos de miles de vehículos sin su matrícula oficial, lo que agrava la incertidumbre para conductores y autoridades.
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