Instituto de Economía Aplicada
Universidad del Este (UDE)
Las recientes declaraciones del Presidente estadounidense Donald Trump y del Secretario del Tesoro norteamericano Scott Bessent, en las que prometieron “ayudar” a la Argentina a sortear sus dificultades financieras, reactivaron un viejo reflejo de la política económica nacional: la expectativa de un salvavidas externo que nos rescate de la tormenta. El Gobierno, acosado por tensiones cambiarias, vencimientos de deuda abultados y un mercado financiero internacional cerrado, se encuentra en una situación en la cual resulta atractivo el discurso del auxilio externo. Sin embargo, la historia argentina demuestra una y otra vez que estos rescates, lejos de resolver los problemas de fondo, terminan en fracaso.
La idea de recurrir a la ayuda internacional no es nueva. En 1890, la crisis de deuda de la Baring Brothers fue contenida con un rescate del Banco de Inglaterra que, si bien evitó un colapso mayor, consolidó la dependencia financiera de la Argentina. En 1982, la crisis latinoamericana de deuda se “resolvió” con programas de refinanciación supervisados por el FMI, que prolongaron los problemas estructurales y culminaron en la hiperinflación de finales de la década. Más cerca en el tiempo, el “blindaje” de 2000 y el “mega-canje” de 2001 se presentaron como garantías de estabilidad, pero solo anticiparon el default más grande de la historia contemporánea.
El ejemplo más reciente es el préstamo récord de 2018, durante el Gobierno de Mauricio Macri: el FMI aprobó un rescate por USD 57.000 millones, el mayor en la historia del organismo. Su objetivo era recuperar la confianza de los mercados. El resultado es conocido: fuga de capitales, caída de reservas y una crisis aún más profunda. La moraleja es clara: los rescates proveen un alivio transitorio, pero no corrigen los desequilibrios de fondo y, en muchos casos, los agravan.
Hoy, el panorama financiero es nuevamente complejo. Argentina debe enfrentar vencimientos de deuda en dólares y compromisos de BOPREAL que suman más de USD 20.000 millones en 2025 y 2026, sin acceso a mercados internacionales y con un Riesgo País que a fines de la semana pasada alcanzó los 1.456 puntos. La estrategia oficial de mantener el tipo de cambio anclado pareció haber llegado a su límite cuando la semana pasada se vendieron más de 1.100 millones de dólares para sostener la banda superior. En este marco, las promesas de apoyo externo se presentan como la esperanza de darle oxígeno al programa, pero no resuelven el desequilibrio de flujos en el mercado cambiario.
El “blindaje” de 2000 y el “mega-canje” de 2001 se presentaron como garantías
Bessent, en sus declaraciones por redes sociales, mencionó cuatro líneas de socorro: crédito stand-by mediante el Fondo de Estabilización Cambiaria, swap de monedas por 20.000 millones de dólares, compra de deuda en el mercado secundario y suscripción de deuda en emisiones primarias. En el caso del swap de monedas, permitiría al BCRA contar con mayores Reservas Líquidas, no así con Reservas Netas, dado que no serían de su propiedad.
En el caso de una compra de bonos en el mercado secundario, esta tendería a incrementar el precio de los mismos, reduciendo el Riesgo País. Resulta difícil, igualmente, suponer que este indicador llegará a los 300 o 400 puntos que permitirían un regreso a los mercados internacionales, en el marco de un Gobierno que sigue muy débil políticamente, salvo una recuperación electoral en octubre. Finalmente, la suscripción primaria de bonos sí podría ayudar al Gobierno a conseguir el roll-over de sus vencimientos en 2026, aunque serían recursos que no podrían destinarse a defender la banda superior, y seguramente devengarán una tasa de interés mayor a la deuda actual. En definitiva, la ayuda de Estados Unidos no exime al Gobierno de la necesidad de acumular Reservas y flexibilizar el régimen cambiario para otorgarle solidez al Programa, tal y como mencionó esta semana Gita Gopinath, la ex directora del FMI.
Los rescates internacionales enfrentan tres problemas básicos. Primero, la condicionalidad: ningún organismo ni país presta dinero sin exigir contrapartidas, generalmente bajo la forma de ajustes adicionales o cesión de recursos estratégicos. Segundo, la falta de legitimidad interna: la sociedad argentina ha demostrado repetidamente su rechazo a políticas económicas percibidas como impuestas desde el exterior. Tercero, la dependencia: los dólares de los rescates suelen financiar salidas de capital y pagos de deuda, no inversiones productivas que generen divisas genuinas.
En conclusión, un salvataje reaparece como espejismo cada vez que el país se enfrenta a sus límites de financiamiento. La historia, desde 1890 hasta 2018, muestra que nunca resolvieron los problemas estructurales y solo otorgaron un respiro efímero a costa de compromisos más onerosos. La expectativa de que un salvavidas internacional nos saque del pantano ignora que la crisis es, sobre todo, doméstica. En lugar de un rescate, lo más probable es que Argentina vuelva a recibir un salvavidas de plomo.
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