Piden la prisión preventiva de los empleados del Senado bonaerense acusados de abusos sexuales

La Justicia penal de La Plata solicitó la prisión preventiva para la pareja de empleados del Senado bonaerense acusados de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de al menos cuatro víctimas. Se trata de Nicolás Daniel Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, ambos agentes de planta permanente de la Legislatura provincial, detenidos desde el 29 de diciembre de 2025.

El pedido fue formulado por la fiscal Betina Lacki, quien requirió al juez de Garantías Juan Pablo Massi que mantenga la prisión de los imputados, acusados en varios hechos agravados por el uso de armas y la participación de dos personas.

El caso sacudió la calma veraniega del Palacio Legislativo de La Plata, un ámbito que suele registrar escasa actividad durante enero. Según los testimonios incorporados al expediente, las víctimas —jóvenes en situación de vulnerabilidad por su edad o condición social— habrían sido captadas mediante promesas de trabajo, pasantías o beneficios, para luego ser sometidas a abusos sexuales y psicológicos.

De acuerdo con la investigación, Rodríguez y Silva Muñoz integraban la agrupación kirchnerista “Movimiento Ciudadano La Capitana” y se presentaban como referentes de una supuesta secta denominada “La Orden de la Luz”, desde donde ejercían un esquema de manipulación mística, coerción y amenazas.

Las denuncias —dos de ellas realizadas en 2019 y otras presentadas el año pasado— describen un patrón reiterado: las jóvenes eran convocadas bajo la promesa de oportunidades laborales en la Legislatura y luego quedaban sometidas a la voluntad de la pareja.

Rodríguez tuvo un recorrido político en espacios periféricos del peronismo platense y, además de su rol legislativo, se desempeñaba como docente en una escuela secundaria y tenía una participación activa en clubes de barrio, donde fue jugador y entrenador de básquet. Silva Muñoz, en tanto, se había incorporado a áreas de género dentro de la agrupación política y de un gremio estatal.

“En lugar de cuidar a las integrantes de la organización, la acusada utilizaba su posición para persuadir a las mujeres a concurrir a su domicilio particular o incluso a su oficina dentro del Senado bonaerense, donde luego eran abusadas por Rodríguez”, sostuvo la fiscal en su requerimiento.

Tras varios meses de investigación, a fines de 2025 la fiscalía solicitó la detención de ambos imputados. Paralelamente, el Senado bonaerense dispuso su apartamiento de los cargos y la retención de sueldos y liquidaciones pendientes.

Durante la segunda quincena de enero, la fiscalía convocó a ocho testigos, entre ex compañeras de estudio, de trabajo y parejas de las víctimas, quienes ratificaron las denuncias y aportaron relatos coincidentes.

Además, peritos judiciales comenzaron el análisis de los teléfonos celulares secuestrados durante los procedimientos del 29 de diciembre. “Puede haber información sensible en esos dispositivos. Hay mucha expectativa, pero el proceso requiere tiempo”, señaló  el abogado Ignacio Fernández Camillo, representante legal de dos de las víctimas.