La detención de Nicolás Maduro en el marco de un operativo estadounidense ha disparado una ofensiva legal en los tribunales de Comodoro Py, ya que los representantes de las víctimas y organizaciones civiles solicitaron formalmente al juez federal Sebastián Ramos que inicie los trámites de extradición para que el exmandatario sea juzgado en territorio argentino.
La presentación, liderada por los abogados Tomás Farini Duggan y Waldo Wolff (en representación de FADER y víctimas directas), se apoya en el artículo 118 de la Constitución Nacional. Este principio permite que delitos que afectan a la humanidad en su conjunto puedan ser juzgados en cualquier país, independientemente de dónde se cometieron.
De esta manera, tras la captura del líder venezolano por parte de fuerzas de Estados Unidos, los querellantes en la causa por delitos de lesa humanidad en Argentina solicitaron el traslado inmediato del imputado. Invocan el principio de jurisdicción universal para que responda por torturas y desapariciones sistemáticas.
En cuanto a los antecedentes, en septiembre de 2024, la Cámara Federal ya había ordenado la captura internacional de Maduro con fines de extradición. La causa investiga un plan sistemático de desapariciones forzadas, torturas, violaciones y ejecuciones contra la población civil venezolana.
El pedido de la justicia argentina surge en un momento de complejidad diplomática. Actualmente, Maduro se encuentra bajo custodia del Distrito Sur de Nueva York, donde enfrenta cargos por narcotráfico y terrorismo.
“Solicitamos que se requiera la inmediata extradición para que el imputado rinda cuenta por los graves delitos ejecutados contra el pueblo venezolano”, señalaron los querellantes en el escrito presentado ante la Cancillería.
Próximos pasos procesales
Para que Maduro llegue a un banquillo argentino, deben cumplirse los siguientes pasos:
Activación del pedido: El juez Ramos debe formalizar el requerimiento a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Cooperación Internacional: El Gobierno argentino deberá negociar con la administración de Donald Trump el orden de prioridad de los procesos judiciales, dado que EE. UU. tiene la custodia física del detenido.
El objetivo de los denunciantes es evitar que los crímenes de lesa humanidad queden opacados por las causas de narcotráfico, garantizando que el derecho a la verdad de las víctimas venezolanas sea el eje central del proceso judicial.
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