Tensión en el Atlántico Norte y el reclamo de Rusia

De acuerdo con fuentes oficiales, el buque Bella 1, luego rebautizado Marinera, fue sancionado en 2024 por presuntamente contrabandear carga para una empresa vinculada al grupo libanés Hezbollah. La embarcación había modificado abruptamente su rumbo en diciembre pasado tras intentar evadir un bloqueo impuesto por Estados Unidos en el Caribe, y fue finalmente interceptada en el Atlántico Norte en el marco de una orden emitida por un tribunal federal estadounidense.

Durante ese período, el petrolero cambió su identidad operativa: adoptó el nombre Marinera y obtuvo un permiso temporal para navegar bajo bandera rusa el 24 de diciembre, según confirmaron bases de datos de tráfico marítimo y autoridades de Moscú. Desde Washington, en tanto, se informó que el barco fue objeto de una persecución durante varios días desde su salida de aguas venezolanas, hasta que fue abordado por fuerzas navales estadounidenses en aguas internacionales.

La incautación del buque generó una reacción inmediata del Gobierno ruso, que denunció el uso de la fuerza por parte de Estados Unidos contra una embarcación registrada bajo su jurisdicción. En un comunicado, el Ministerio de Transporte de Rusia recordó que, de acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, la libertad de navegación rige en alta mar y ningún Estado está habilitado a emplear la fuerza contra buques debidamente matriculados en otro país.

Según la versión oficial rusa, tras el abordaje “se perdió el contacto” con el Marinera, lo que motivó un reclamo diplomático adicional. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia exigió a Washington que garantice el trato humano y digno de los tripulantes, ante la confirmación de que entre ellos habría ciudadanos rusos, y solicitó que no se obstaculice su “retorno rápido a la patria”, de acuerdo con declaraciones difundidas por la agencia estatal TASS.

Las incautaciones marítimas se produjeron pocos días después de la operación militar estadounidense en Caracas que derivó en la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su posterior traslado a Estados Unidos. El mandatario se declaró inocente de los cargos federales por narcotráfico y su defensa anticipó que impugnará judicialmente la legalidad de lo que calificó como un “secuestro militar”. En ese contexto, funcionarios de la administración de Donald Trump advirtieron que los operativos navales continuarán como parte de una estrategia integral que combina sanciones financieras, control de rutas petroleras y administración directa del crudo venezolano.

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