Tandil: advierten que el cierre de la SISU golpea barrios populares

En Tandil, organizaciones sociales y gremiales realizaron una asamblea y conferencia de prensa en el marco de una jornada nacional de lucha para denunciar el vaciamiento y el anuncio de cierre definitivo de la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU), una política pública destinada a mejorar las condiciones de vida en barrios populares.

Durante la actividad, Movimiento de Trabajadores Excluidos cuestionó con dureza la medida. Su representante, Paula Alonso Torres, calificó el desmantelamiento como “parte de una miseria planificada” y recordó que la SISU “es la herramienta operativa de la Ley Nacional de Barrios Populares, una normativa que sigue vigente y que reconoce a 6.500 barrios en todo el territorio nacional”.

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La referente explicó que, a través del Fondo de Integración Socio Urbana, el organismo “era garantizar el acceso a derechos básicos como agua, cloacas y electricidad segura, además de la construcción de espacios educativos, de salud y recreativos”. En ese sentido, advirtió que “el fin de estas políticas no solo afecta la infraestructura, sino que pone en riesgo 25.000 puestos de trabajo en cooperativas a nivel nacional”.

Desde Asociación de Trabajadores del Estado, la secretaria general Erica Lanzini expresó preocupación por el progresivo vaciamiento del área, que “pasó de ser una Secretaría a Subsecretaría y, actualmente, a una Dirección en vías de desaparecer”. También remarcó que “este vaciamiento afecta directamente la capacidad de articulación entre el Estado y las organizaciones territoriales para resolver necesidades urgentes”.

El impacto local es significativo: en Tandil la medida “afecta a 11 barrios populares y a más de 2.000 familias que dependían de esta articulación para mejorar su calidad de vida”. Además, se informó que la planta de trabajadores ya sufrió una reducción del 50% tras la desaparición del FISU y que actualmente quedan unos 300 empleados dedicados a la gestión de certificados del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).

Sobre ese punto, Lanzini subrayó la importancia de esos certificados, que permiten acceder legalmente a servicios esenciales. “Sin energía eléctrica hoy prácticamente no se puede vivir; es denigrante e indigno para las familias”, afirmó, y agregó que “la desintegración de estos programas elimina el marco de normalidad para garantizar derechos fundamentales”.

Las organizaciones presentes ratificaron que continuarán con las medidas de lucha para frenar el desfinanciamiento de una política que consideran central para miles de comunidades vulnerables.