Reforma laboral excluye a marineros de la LCT y el Simape advierte retroceso histórico

El secretario general del Sindicato Marítimo de Pescadores (Simape), Pablo Trueba, expresó su preocupación por la nueva Ley de Reforma Laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei en Argentina, al advertir que la iniciativa excluye al personal embarcado de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) y remite su regulación a la Ley de Navegación (20.094) y a los convenios colectivos, lo que —según afirmó— implica un retroceso en materia de derechos laborales.

La modificación incorpora el inciso “G” al artículo 2 de la LCT, dejando a los marineros fuera de ese marco legal general. Según explicó Trueba, una de las consecuencias inmediatas es que “los convenios pierden ultraactividad, con lo que se pierden las normas de respaldo”, lo que debilita la protección ante eventuales conflictos o vacíos normativos.

El dirigente sostuvo que la medida significa un retroceso histórico. “Se retrocede 60 años a la regulación de la ley 17.371 dictada por el gobierno de facto de Onganía”, afirmó, y detalló que la relación laboral pasará a regirse exclusivamente por el contrato de ajuste, es decir, acuerdos temporales que concluyen con cada viaje, sin vínculo permanente entre el tripulante y la empresa.

En ese contexto, enumeró derechos que quedarían comprometidos o eliminados, como vacaciones, protección en caso de enfermedad e indemnización al finalizar el contrato. Además, indicó que “lo máximo a lo que se puede aspirar es a que, si se trabaja 180 días con sucesivos contratos de ajuste, el trabajador pueda quedar efectivo”.

Trueba advirtió también sobre el impacto estructural en la actividad pesquera. “Se busca convertir a la pesca en una actividad zafrera”, señaló, y explicó que, de no lograrse la efectivización, el trabajador no contará con salario a la orden y su continuidad dependerá de nuevas contrataciones temporales.

Asimismo, remarcó que la dotación de explotación quedará en manos del armador, lo que podría modificar condiciones laborales a bordo sin garantías previas, en un proceso que definió como de “deslaboralización del trabajo marítimo”.

“En síntesis, la exclusión sorpresiva del personal embarcado de las regulaciones de la ley de contrato de trabajo resulta en una discriminación de un sector de los trabajadores que, en los hechos, acarrea incertidumbre y avizora un incremento de la litigiosidad en busca del resguardo de los derechos”, concluyó.