Más de 150 trabajadores de La Plata, Berisso y Ensenada interrumpieron las prestaciones tras cuatro meses sin cobrar. A nivel nacional son más de 4.000.
Desde el 25 de febrero, los traslados de personas con discapacidad que se realizan a través del programa Incluir Salud quedaron suspendidos por tiempo indeterminado en La Región. La medida fue tomada por los choferes particulares luego de acumular, según denuncian, meses de pagos adeudados por parte del Estado nacional.
El conflicto impacta de lleno en el transporte de personas en situación de vulnerabilidad que necesitan asistir a terapias, escuelas especiales y centros de salud mental. Se trata de beneficiarios que reciben el servicio de manera gratuita y que, en muchos casos, dependen exclusivamente del Estado para sostener sus tratamientos.
“Desde octubre de 2025 que no recibimos los pagos correspondientes a los traslados realizados durante este tiempo”, explicó Maximiliano Quiroz, delegado regional del Sindicato de Choferes Particulares de La Plata, Berisso y Ensenada. En la región son alrededor de 150 trabajadores afectados y más de 150 beneficiarios directos; a nivel país, el número asciende a más de 4.000 choferes y cerca de 6.000 chicos que dependen del servicio.
Según el dirigente, la responsabilidad recae en el Gobierno nacional, que debe agilizar los pagos a través del área de Discapacidad. “El gobierno nacional es el que tiene que agilizar el pago a través de la Secretaría de Discapacidad. La ANDIS fue disuelta y ahora depende del Ministerio de Salud. Desde que asumió el nuevo gobierno comenzaron los atrasos; ni siquiera en pandemia estuvimos tan mal”, afirmó.
El 31 de diciembre pasado, mientras se desarrollaban los festejos de fin de año, se anunció la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que pasó a reconfigurarse bajo la órbita del Ministerio de Salud. Para los choferes, ese cambio administrativo profundizó la incertidumbre. “Todo comenzó desde que asumió Spagnuolo en ANDIS (ahora, procesado en una causa que investiga coimas). Hubo atrasos, respuestas a medias, y a los beneficiarios los ignoran”, sostuvo Quiroz. La medida de fuerza no fue la primera opción. “El sindicato no estaba a favor de tomarla, pero fue por fuerza mayor. No se pueden pagar los salarios de los choferes”, remarcó el delegado. De hecho, hace dos semanas mantuvieron una reunión con el secretario de Discapacidad, quien prometió un pago “entre lunes o martes” de esta semana. “Eso no surgió. Por eso optamos por el cese de actividades a partir del 25. Se iba a dejar para el 2 de marzo si no había mesa de diálogo, pero decidimos cortar antes”, explicó. El servicio ya está suspendido por tiempo indeterminado. “Los reclamos no tienen ninguna respuesta”, aseguró. Además del atraso, los trabajadores señalan que los valores del nomenclador nacional están desactualizados y no alcanzan para cubrir los costos operativos.
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