Campo bonaerense cuestiona desregulación de la vacuna contra la aftosa

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) expresó un fuerte rechazo a la decisión del Senasa de modificar el esquema de vacunación contra la fiebre aftosa, que permite a los productores seleccionar de manera directa a un veterinario habilitado para la compra y aplicación de dosis, sin la intermediación de las fundaciones.

La entidad, que agrupa a organizaciones rurales bonaerenses y pampeanas, calificó la medida como “inconsulta” y advirtió sobre sus posibles implicancias en el sistema sanitario. En ese sentido, recordó el rol clave que cumplieron las fundaciones en la erradicación de brotes de la enfermedad en años anteriores, como en 2001 y 2006, y destacó que el esquema vigente permitió consolidar un sistema que “aparece hoy como robusto”.

Carbap, presidida por Ignacio Kovarsky, sostuvo además que distintos informes del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria indican que actualmente no hay circulación viral y que los niveles de inmunidad del rodeo son adecuados.

En un comunicado, la entidad señaló: “En medio de la actual campaña de vacunación, sin ningún tipo de justificación técnica que lo avale, de manera absolutamente inconsulta, sin evidencias económicas que lo respalden y en forma absolutamente inoportuna, se pretende modificar mediante un acto administrativo la estructura central de la campaña de vacunación”.

Asimismo, manifestó su preocupación por la falta de debate en los ámbitos técnicos correspondientes. “Resulta preocupante que la medida haya evitado la discusión técnica en ámbitos como la Conalfa y las Coprosas, que son precisamente los espacios previstos por la normativa para debatir este tipo de cuestiones”, indicaron.

La modificación fue oficializada la semana pasada a través de la Resolución 201/2026, mediante la cual el organismo nacional introdujo cambios en la organización de las campañas sanitarias de vacunación contra fiebre aftosa y brucelosis bovina.

La nueva normativa establece que los productores inscriptos en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (Renspa) podrán elegir libremente a un veterinario privado acreditado por el Senasa para adquirir, conservar y aplicar las vacunas, tanto en campañas oficiales como en operativos estratégicos.

Desde Carbap también cuestionaron la falta de fundamentos económicos en la decisión. “Tampoco existe una justificación económica clara para el cambio propuesto”, señalaron, en referencia a uno de los argumentos planteados por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

En ese marco, explicaron: “Cada fundación, ente o veterinario particular tiene su propia estructura de costos. En algunos casos, las entidades rurales pueden absorber gastos como electricidad, administración o alquiler, lo que permite ofrecer un costo menor por dosis aplicada. En otros casos, esas estructuras deben financiarse íntegramente con la actividad, lo que naturalmente se refleja en el precio final”.

Además, relativizaron el impacto del costo de la vacuna en la estructura productiva. “Para quienes sostienen que el precio de la vacuna es la única variable relevante, cabe recordar que actualmente el costo de la dosis aplicada equivale a menos de 600 gramos de novillo, cuando históricamente equivalía aproximadamente a un kilo”, afirmaron.

Por último, la entidad advirtió sobre posibles vacíos en la implementación del nuevo esquema. Según indicaron, la resolución no precisa quién será responsable de garantizar que la vacunación se realice en tiempo y forma, quién controlará su cumplimiento ni cómo se asegurará la cobertura en establecimientos de menor escala.