Impulsan la derogación del INCAA bonaerense

El senador provincial de La Libertad Avanza, Matías de Urraza, presentó un proyecto de ley para derogar la Ley N° 15.607, sancionada en diciembre de 2025, que regula la actividad audiovisual en la Provincia de Buenos Aires, al considerar que implica más gasto público, mayor intervención estatal y no responde a las prioridades de los bonaerenses.

“Si queremos una provincia que crezca, tenemos que dejar de gastar en estructuras que no generan valor y empezar a priorizar lo urgente”, afirmó de Urraza.

Según explicó el legislador, la norma crea registros obligatorios, un consejo consultivo y un fondo específico que “terminan generando más burocracia e infraestructura estatal que no incentivan a la industria cinematográfica bonaerense”, al tiempo que condicionan el acceso a beneficios a decisiones administrativas.

En ese sentido, el senador sostuvo que el esquema vigente “pone al Estado en el rol de decidir quién puede y quién no puede participar”, lo que, según advirtió, desalienta la inversión privada y distorsiona el desarrollo del sector.

Además, de Urraza remarcó que la ley prevé la asignación de más de $675.670.000 en subsidios, en un contexto donde la provincia enfrenta urgencias en materia de seguridad, salud y educación. “Cada peso que se destina a estos regímenes es un peso que no va a cubrir funciones esenciales del Estado”, señaló.

El proyecto también cuestiona el esquema de reintegros de hasta el 40% de la inversión, al considerar que se trata de una transferencia de recursos desde los contribuyentes hacia proyectos seleccionados por la autoridad de aplicación.

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Asimismo, el legislador advirtió que los requisitos impuestos por la norma, como la obligatoriedad de determinados porcentajes de personal bonaerense, “terminan encareciendo y rigidizando las producciones, en lugar de atraer inversiones”.

En ese marco, de Urraza sostuvo que la Provincia de Buenos Aires debe avanzar hacia un modelo más eficiente, con menos intervención estatal y mayor protagonismo del sector privado.

“Cuando el Estado deja de obstaculizar, el sector privado invierte, genera empleo y desarrolla la actividad sin depender del favor del poder político”, concluyó.