Créditos hipotecarios: el Banco Nación eliminó la norma que beneficiaba a funcionarios

Un grupo de aproximadamente 40 políticos y altos funcionarios del Gobierno nacional quedó bajo la lupa tras obtener créditos hipotecarios en el Banco Nación con una celeridad asombrosa. Aunque la operación no califica inicialmente como un delito, el caso señaló un aprovechamiento de cargos para saltear listas de espera y acceder a montos de hasta 340.000 dólares con las tasas más bajas del mercado.

El origen de este privilegio se remonta a septiembre de 2024. Bajo la gestión de Daniel Tillard y Darío Wasserman —vicepresidente de la entidad y allegado a sectores políticos de peso—, el banco aplicó un cambio estratégico en la resolución 802, referida a los "empleados del sector público".

En la Sección I de las Condiciones Generales, la entidad insertó un párrafo aclaratorio que amplió de forma determinante el universo de beneficiarios posibles. "Así mismo se incluyen a las (personas) que perciban ingresos del Sector Público no incluidos en las actividades habituales, como por ejemplo (...) cargos políticos designados por resolución o electivos".

Esta sutil modificación técnica permitió que personal jerárquico, principalmente del Ministerio de Economía, solicitara financiamiento para la adquisición de segundas o terceras viviendas. Los montos otorgados promediaron el cuarto de millón de dólares por solicitante.

La filtración de estos datos en redes sociales generó una enorme indignación en aquellos que lidian con grandes complejidades a la hora de acceder a un crédito. La velocidad del trámite para los funcionarios, comparada con los tiempos habituales de cualquier ciudadano, provocó una reacción defensiva en la cúpula del Banco Nación.

Como consecuencia del escándalo, las autoridades emitieron la circular N° 0092/2026. Este nuevo documento eliminó de forma directa el apartado que facultaba a los cargos políticos para acceder a estas líneas de crédito en condiciones preferenciales.

La polémica

El escándalo sobre el otorgamiento de los créditos hipotecarios surgió cuando se hicieron públicas las adjudicaciones a ciertos empleados. Como Juan Pedro Inchauspe, del Banco Central (BCRA); a Felipe Núñez, asesor del ministro Caputo, y al mencionado Furiase, que es el secretario de Finanzas. La lista incluye a legisladores y funcionarios de otros ministerios. Como el ahora eljefe de Gabinete de la cartera de Capital Humano, Leandro Massaccesi, al quien la ministra Sandra Pettobello le pidió la renuncia, aunque el presidente, Javier Milei, lo negó.

También uno de los altos ejecutivos de la entidad, que actualmente se desempeña como gerente zonal y responsable de Banca Personas, Mario Zagaglia, defendió “la transparencia y accesibilidad” de los créditos en cuestión, especialmente ante los cuestionamientos sobre supuestos privilegios para funcionarios oficialistas y allegados varios a La Libertad Avanza (LLA). En esesentido, ratificó la postura oficial del Banco y negó “cualquier trato preferencial o acomodo” para empleados públicos libertarios sobre el acceso a esos préstamos. En esa línea, afirmó que todos los créditos están sujetos a “procesos de aprobación estandarizados” y “cumplen con los requisitos de solvencia exigidos a cualquier cliente”.

Las denuncias de la oposición

Las presuntas irregularidades en el otorgamiento de créditos hipotecarios a través del Banco Nación llegaron a la justicia penal, a denuncia radicada por la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade, que solicita que se investiguen delitos cometidos por parte de esa entidad bancaria.

En la presentación conocida el fin de semana, la legisladora nacional de la oposición solicita determinar si existieron irregularidades o delitos en el otorgamiento de préstamos del Banco Nación a legisladores, funcionarios y otras personas vinculadas al gobierno de Javier Milei, como las de “tráfico de influencias” o “administración fraudulenta”.

En su denuncia, Frade señaló que los montos que recibieron funcionarios públicos, diputados y otras personas vinculadas al gobierno de Javier Milei no se corresponden con sus ingresos ni con su capacidad para pagar los préstamos.

“Según normativa del Banco Central, las entidades deben evaluar la ‘capacidad de repago’ del deudor, basada en ingresos, pero también en la estabilidad de éstos. El otorgamiento de créditos a funcionarios públicos sin plazo de permanencia y aún a legisladores, cuyo tope de permanencia está perfectamente definido, comportarían ‘fallas’ en esta evaluación. El Banco otorga una financiación que, de antemano sabe, entrará en mora”, indicó Frade en el escrito presentado.

La diputada pidió que se revisen los legajos crediticios de los beneficiarios; las actas del Banco Nación que muestren cómo “se aprobaron las operaciones para con los beneficiarios” que un grupo de peritos determine si hubo irregularidades en las condiciones de concesión de los préstamos y/o perjuicios que pudieran ocasionarle a la entidad otorgante.