Padres de la Anexa se hartaron de los paros en la UNLP y van a la Justicia

La seguidilla de paros en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), en el marco del reclamo de los docentes al gobierno de Javier Milei por la puesta en vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario (LFU), tiene una arista particular que es el cese de actividades en colegios y jardines bajo la órbita de la casa de altos estudios. 

Al igual que en las facultades, los alumnos de pregrado van a acumular a comienzos de mayo más de tres semanas sin clases en apenas dos meses de ciclo lectivo si se tiene en cuenta la medida de fuerza por seis días que los gremios docentes tienen prevista a partir del 27 de abril. 

El panorama dio lugar a una profunda preocupación en las comunidades educativas de los niveles de pregrado y llegó a un punto en que grupo de padres de la Escuela Anexa "Joaquín V. González" decidió acudir a la Justicia. Mediante una acción de amparo, que se apoya en el derecho a la educación (CN), solicitaran una medida cautelar por la vuelta a las aulas y la continuidad pedagógica de los estudiantes. 

En la presentación, formulada por padres, madres y responsables legales de los estudiantes, se indica que la acción es "contra la UNLP, las autoridades de Escuela Anexa, contra el Estado Nacional y/o contra quien resulte jurídicamente responsable de garantizar la regular prestación del servicio educativo y su adecuado financiamiento". 

Por estos días, en torno al edificio de la Anexa, en 50 y 116, se observan numerosos pasacalles con la consigna "Basta de paros" y que llevan la firma de "Familias de la Anexa". 

Puntos clave del amparo

Los padres manifestaron que el amparo "tiene por finalidad que se ordene de manera inmediata y urgente la adopción de todas las medidas necesarias para asegurar la continuidad educativa, pedagógica y social de los niños y niñas que concurren al Nivel Inicial y al Nivel Primario de dicho establecimiento". 

En esa línea se solicitó expresamente "que se garantice la apertura regular de la institución, el dictado efectivo de clases, la continuidad de las trayectorias escolares y el normal desarrollo del ciclo lectivo". 

Los reclamantes plantearon que "todo ello sin que pueda quedar supeditado a conflictos gremiales, institucionales o presupuestarios, ni al accionar de terceros”.  Asimismo, solicitaron "el dictado de una medida cautelar innovativa urgente, a fin de evitar la profundización del daño que actualmente padecen nuestros hijos e hijas". 

"Daños irreparables" 

En un repaso de las medidas de fuerza por parte de los gremios, los denunciantes detallaron que "desde el año 2024, el normal dictado de clases se ha visto afectado de manera reiterada y creciente por suspensiones, interrupciones y alteraciones del servicio educativo, vinculadas a conflictos ajenos a los alumnos". 

Según consideraron, "los niños y niñas no forman parte de dichas disputas, sin embargo son quienes sufren directamente sus consecuencias, viendo interrumpido su derecho a la educación". 

Además, afirmaron que "esta situación resulta particularmente grave en el nivel inicial y primario, donde la escuela cumple un rol esencial en la alfabetización, la socialización, la construcción de hábitos y la contención emocional". 

"La pérdida reiterada de clases no es neutra, genera un daño concreto, acumulativo e irreparable. Como familias, advertimos que la institución no está garantizando en forma efectiva la continuidad del servicio educativo, lo que configura una vulneración directa de derechos fundamentales", sostuvieron. 

Las familias argumentaron que "aun en un contexto de crisis o dificultades de financiamiento, los niños no pueden ser rehenes de conflictos de adultos". Y añadieron que "incluso en caso de incumplimientos del Estado Nacional en materia de financiamiento universitario, ello no habilita la interrupción del dictado de clases, ni exime a la institución de garantizar el servicio educativo obligatorio". 

Juntada de firmas 

Para las familias, los paros implementados por los docentes "resulta una conducta arbitraria e ilegítima porque, frente a una situación conocida y reiterada, no se han adoptado medidas eficaces para garantizar la continuidad educativa". 

Además, repararon en que "la omisión estatal e institucional genera una vulneración directa del derecho a la educación". 

Con la consigna "nuestros hijos e hijas no pueden ser rehenes de conflictos ajenos", dieron inicio a una juntada de firmas para que los chicos retornen a clases. 

Aguas divididas en la comunidad educativa

El conflicto de los docentes con el gobierno nacional por la Ley de Financiamiento Universitario produce aguas divididas en la comunidad educativa. Mientras un grupo de padres decidió presentarse en la Justicia en rechazo a las extensas medidas de fuerza, semanas atrás en pleno paro otros grupos de familias se manifestaron a favor del reclamo.

En ese contexto de protesta, quienes salieron a respaldar a los educadores, se sumaron a algunas actividades de difusión y visibilización, por caso una jornada dedicada a pintar guardapolvos y a la producción de pancartas con consignas alusivas a la lucha por la LFU.

Contra los pasacalles 

En la jornada de hoy incluso rechazaron la colocación de pasacalles en torno al establecimiento y emitieron un comunicado al respecto. Por su parte, los docentes continuaron con actividades de difusión previo al inicio de la jornada escolar. 

"Queremos expresar nuestra profunda preocupación ante la aparición de un pasacalle en la puerta de la escuela que responsabiliza a las y los docentes por las medidas de fuerza que se están llevando adelante en el ámbito universitario", versa el texto de las familias. 

A modo de respuesta, enunciaron que "como familias, nos interpela especialmente que este tipo de expresiones simplifiquen un conflicto complejo y desplacen el foco del problema: la no implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, que es una responsabilidad indelegable del Estado".

Según entienden, "responsabilizar a las y los docentes y no docentes por esta situación no solo es injusto, sino que invisibiliza las condiciones materiales en las que hoy se sostiene el sistema educativo. Defender a quienes enseñan es también defender el derecho a una educación pública de calidad".

"La escuela debe ser un espacio de encuentro, de construcción colectiva y de respeto. La instalación de mensajes que promueven la confrontación entre familias y docentes va en sentido contrario a esos valores", cuestionaron.

En una clara postura en torno al conflicto expresaron que "desde Familias de la Anexa en apoyo a la Universidad Pública, reafirmamos nuestro acompañamiento a la lucha docente y exigimos el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario".

Y cerraron: "Invitamos a todas las familias a informarse, a dialogar y a construir colectivamente una defensa activa de la educación pública".