Los Mazzacane indagados, procesados y embargados

La Justicia Federal aceleró fuerte en la causa que tiene a varios empresarios de La Plata en la mira por un aparente contexto de insolvencia fraudulenta y evasión fiscal, entre ellos a Hugo Mazzacane, Gastón Mazzacane y Juan Manuel Mazzacane.

Como este diario anticipó en exclusiva en su edición anterior, el Juzgado Federal N° 1 dictó el jueves pasado el procesamiento de cinco directivos de un grupo de compañías y de diversas personas jurídicas por considerarlos responsables de una maniobra en perjuicio al fisco que ronda los 4.000 millones de pesos.

La medida fue dispuesta luego de que la fiscal Laura Roteta solicitara las declaraciones indagatorias y los procesamientos, que alcanza a la firma Quilmes Tolosa S.A. -distribuidora de una reconocida firma cervecera que es propiedad de los Mazzacane- y a otras sociedades vinculadas que habrían integrado un entramado destinado a evadir obligaciones tributarias mediante la interposición de personas jurídicas.

De acuerdo a fuentes judiciales, completan la lista de personas procesadas Mónica Videla y Eduardo Gómez.

Como se sabe, Hugo y Gastón Mazzacane son el presidente y vicepresidente de la ACTC, entidad que organiza las competencias de Turismo Carretera, una de las categorías más populares del automovilismo nacional.

La causa se inició a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que detectó inconsistencias en los ejercicios fiscales entre 2021 y 2024. A partir de allí, la fiscalía reconstruyó el funcionamiento del grupo económico y llevó adelante allanamientos en domicilios y sedes comerciales, donde se secuestró documentación clave y dinero en efectivo.

Para la Justicia, el esquema habría funcionado durante al menos una década, con un objetivo claro: vaciar patrimonialmente la firma principal para dificultar el cobro de las obligaciones fiscales.

El juzgado ratificó además los embargos sobre más de 100 vehículos, siete inmuebles y once cuentas bancarias, con el objetivo de asegurar el recupero de los activos y el cobro de la deuda tributaria.