Investigan coimas por permisos para importar autorizados por Massa en el gobierno de A. Fernández

Avanza una investigación judicial sobre presuntas maniobras de corrupción vinculadas a la aprobación de permisos de importación durante el tramo final del gobierno de Alberto Fernández, autorizadas por nel Ministerio de Economía que estaba encabezado por Sergio Massa. Según reveló el diario La Nación, se detectaron pagos ilegales de entre el 10% y el 15% para acceder al mercado oficial de divisas en un contexto de fuertes restricciones cambiarias.

La causa, que se tramita en la Justicia federal, tomó impulso tras una serie de allanamientos realizados en los últimos meses —cerca de 30 procedimientos— y la recolección de testimonios de empresarios y operadores involucrados. De acuerdo con la investigación, al menos cuatro permisos de importación habrían sido otorgados bajo este esquema de retornos, aunque no se descarta que el número sea mayor a medida que avance el expediente.

El caso es llevado adelante por el fiscal federal Sergio Rodríguez Picardi, quien apunta a una presunta red integrada por intermediarios, gestores y funcionarios públicos. La hipótesis central es que estos actores habrían facilitado la aprobación de importaciones a cambio de pagos indebidos, aprovechando el sistema de control vigente en ese momento.

Durante los años 2022 y 2023, el acceso a dólares oficiales estaba fuertemente restringido por el cepo cambiario, lo que obligaba a las empresas a tramitar autorizaciones específicas para importar bienes. Este mecanismo, clave para la actividad económica, generó cuellos de botella y demoras que, según la investigación, habrían sido explotados por esta supuesta red para exigir coimas a cambio de agilizar los procesos o garantizar su aprobación.

En el expediente -según La Nación- ya figuran imputados operadores financieros y al menos cinco funcionarios del Banco Central, lo que añade gravedad institucional al caso. La participación de personal del organismo monetario sugiere que las maniobras podrían haber tenido un grado de coordinación interna mayor al inicialmente previsto, y abre interrogantes sobre los controles existentes en ese período.

Las pruebas recolectadas incluyen documentación, registros de operaciones y testimonios que darían cuenta de pagos sistemáticos vinculados a la aprobación de importaciones. En algunos casos, los porcentajes exigidos habrían variado según el monto de la operación o la urgencia del trámite, consolidando un esquema que funcionaba en paralelo al sistema formal.

Además del impacto judicial, la causa podría tener derivaciones políticas de peso, ya que pone bajo la lupa el funcionamiento del esquema de importaciones durante la gestión anterior. En particular, se analiza si existieron responsabilidades jerárquicas o fallas estructurales que permitieron la proliferación de estas prácticas.

Por estas horas, la Justicia busca determinar la dimensión total de la operatoria, identificar a todos los involucrados y establecer el volumen de dinero que habría circulado a través de estos mecanismos ilegales. También se intenta reconstruir el circuito de los fondos, para establecer si existieron estructuras organizadas destinadas a canalizar las coimas.

Mientras tanto, el avance del expediente mantiene en alerta a distintos sectores del ámbito político y económico, dado que podría derivar en nuevas imputaciones y en un mayor escrutinio sobre uno de los períodos más críticos en materia cambiaria de los últimos años.