La Justicia federal resolvió archivar la causa que investigaba el viaje de Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete Manuel Adorni, en un vuelo oficial con destino a Nueva York. La decisión fue tomada por el juez Daniel Rafecas luego de que la fiscal Alejandra Mangano concluyera que los hechos analizados no configuraban delito.
La investigación se había iniciado el 11 de marzo a partir de una denuncia presentada por el abogado Gregorio Dalbon. El planteo apuntaba a determinar si la inclusión de Angeletti en el vuelo presidencial podía constituir malversación de caudales públicos o uso indebido de bienes del Estado.
Durante la instrucción, la fiscalía impulsó distintas medidas de prueba, con foco en establecer si el viaje generó un perjuicio económico para la administración pública. En ese marco, se analizaron informes de la Secretaría General de la Presidencia y de la Jefatura de Gabinete sobre el uso de la aeronave oficial y los gastos asociados.
Uno de los puntos centrales fue la capacidad del avión utilizado, un Boeing 757-200 con 39 plazas. Según se determinó, en los tramos realizados viajaban entre 10 y 14 personas, por lo que la presencia de la acompañante no implicó la ocupación de un lugar necesario para la comitiva oficial.
Gastos de alojamiento
En cuanto a los gastos de alojamiento, se estableció que los hoteles en Miami y Nueva York fueron facturados a nombre de Adorni y abonados con tarjeta corporativa, pero correspondían a habitaciones dobles que no generaban un costo adicional por la presencia de un acompañante.
También se verificó que Angeletti no percibió viáticos por alimentación o movilidad. Respecto del pasaje de regreso, se constató que no fue financiado por el Estado ni emitido por la agencia oficial, mientras que el del funcionario sí fue cubierto con fondos públicos, en línea con la normativa vigente para cargos de alta jerarquía.
Con estos elementos, la fiscal Mangano concluyó que hubo un uso legítimo de la aeronave en el marco de una misión oficial autorizada. Además, consideró que la presencia de un acompañante bajo invitación del Poder Ejecutivo se encuadra dentro de la discrecionalidad presidencial y no altera la finalidad pública del vuelo.
Ante la falta de impulso fiscal, el juez Rafecas resolvió archivar la causa por inexistencia de delito. En su resolución, sostuvo que las circunstancias analizadas no encuadraban en las figuras penales investigadas y que no se detectaron irregularidades en los gastos vinculados al viaje.
De esta manera, la investigación quedó cerrada sin que se acreditara la comisión de un delito ni un perjuicio para el Estado.
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