Un edificio paralizado en la mira de la Justicia

La promesa de la casa propia terminó, para varias familias de La Plata, en una espera que ya lleva casi una década y que hoy está atravesada por la incertidumbre. Lo que comenzó como un fideicomiso inmobiliario “al costo” para acceder a un departamento derivado, de acuerdo a las denuncias, en una obra paralizada, una deuda millonaria y una serie de reclamos judiciales que buscan respuestas.

El emprendimiento está ubicado en 19 y 38, en la zona de Plaza Güemes, enmarcado en el fideicomiso denominado “Fideicomiso al costo Edificio Olivares PG”, según consta en la documentación aportada por los denunciantes. De acuerdo a sus presentaciones, la construcción acumula más de nueve años y permanece completamente detenida desde hace más de un año. Durante ese lapso, los inversores sostienen haber realizado aportes económicos de manera sostenida -en muchos casos en dólares- con la expectativa de acceder a su vivienda, un objetivo que aparece cada vez más lejano.

"Entramos con la idea de pagar al costo y tener nuestro departamento. Pasó el tiempo, la obra se frenó y nunca más tuvimos certezas", señaló uno de los inversores, reflejando una situación que se repite entre quienes decidieron avanzar por la vía judicial.

Según pudo saber EL DIA, las presentaciones fueron radicadas en el fuero Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata, donde los compradores reclaman el cumplimiento de los contratos firmados, la entrega de las unidades comprometidas y una rendición detallada del destino de los fondos aportados durante todos estos años.

En ese contexto, la Justicia ya dispuso medidas cautelares para resguardar el patrimonio involucrado en el fideicomiso. Uno de los puntos más sensibles surge de una diligencia preliminar con intervención notarial. Siempre de acuerdo a la documentación incorporada en las causas, allí se habrían detectado irregularidades relevantes, como la ausencia de saldos, falta de registros contables formales, inexistencia de documentación respaldatoria y la falta de instancias de rendición de cuentas a los inversores.

En contacto con EL DIA, el abogado de uno de los denunciantes, el Dr. Marcelo Alejandro David, aseguró que “el juzgado debe resolver si dispone la inhibición de bienes del fiduciario, mientras que las causas civiles ya se encaminan a la etapa de prueba”. En ese marco, cuestionó con dureza la administración del fideicomiso: “Nunca hubo rendición de cuentas, no se llevó contabilidad ni saldos, y se mezclaron fondos personales con los del emprendimiento”, aseguró.

Mientras tanto, las familias aseguran haber quedado en una situación de extrema vulnerabilidad: sin vivienda, con importantes sumas de dinero invertidas y sin claridad sobre el destino de los fondos.